Exhiben a Maki y Xico por soslayar inseguridad

0
138
Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Alfredo Guevara.-

Cd. Victoria, Tam.-
El listado de los alcaldes que no asisten a las reuniones de seguridad en las ocho mesas regionales, incluso en la estatal, podrían ser ventilados a la opinión pública para que sepa la población, advirtió José Ramón Gómez Leal.

El representante del Gobierno de la República en Tamaulipas pidió que los ediles asuman su responsabilidad, “si no para qué quieren ser alcaldes, cuando saben que la prioridad es el tema de la seguridad y no se laven las manos diciendo que no les corresponde”.

En el listado de inasistencias a las juntas de seguridad, citó que hay alcaldes como el de Victoria, Xicoténcatl González Uresti; de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, y otros que no van a estos encuentros y envían un representante municipal.

“La presencia de los alcaldes abonaría, porque si hay una colonia donde hay robo seguido lo pueden mencionar en la junta de seguridad, en la que está presente la Guardia Nacional y pueden comenzar a patrullar esas zonas donde hay delitos del fuero común”, subrayó.

Comentó que todos los días hay reuniones para evaluar el tema de la seguridad pública en cada una de las ocho regiones, entre estas Reynosa, Nuevo Laredo, Río Bravo, Matamoros, Soto la Marina, Victoria, Mante y Tampico, a las que asisten mandos de Sedena, Semar, GN, Policía Federal, Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y otros.

Gómez Leal aseveró que si bien la Guardia Nacional entró en funciones, no a su totalidad, se debe a que los alcaldes no han creado su policía municipal, de ahí que en algunos municipios de la entidad se hayan incrementado delitos del fuero común.

Señaló que el Gobierno del Estado les quita o les pide a los alcaldes el 85 por ciento de lo que se destina para el rubro de la seguridad pública, para realizar la labor que no hacen los municipios por no disponer de su cuerpo policial.

Declaró Gómez Leal que en temas que tienen que ver con la seguridad no deben estarse viendo a quién echar la culpa y, contrario a ello, se debe trabajar en conjunto, definiendo los delitos del fuero común y federal, para que cada instancia de Gobierno asuma la responsabilidad que le corresponde.