México, 09 Feb (Agencias).- La PGR inició los trámites ante el Congreso de Sinaloa para solicitar en breve el desafuero de la diputada Lucero Guadalupe Sánchez López, acusada de ingresar al Penal del Altiplano con documentos falsos, para visitar a Joaquín «El Chapo» Guzmán.
De acuerdo con informes oficiales, la Procuraduría solicitó y obtuvo del Legislativo estatal la constancia de mayoría que acredita a Sánchez López como diputada local, lo que constituye el primer paso para solicitar el juicio de procedencia.
Este y otros documentos serán integrados a la solicitud de declaratoria de procedencia que elabora la PGR y que presentará a la Cámara de Diputados, en virtud de que la diputada es investigada por delitos federales.
Sánchez López fue interrogada el pasado 20 de enero en dos averiguaciones previas que integra la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Una de ellas es la indagatoria UEITA/089/2015, donde tiene la calidad de indiciada por los delitos de uso de documentos falsos y delincuencia organizada; la otra es la UEIDCS/479/2015, donde se investiga el ilícito de delincuencia organizada y declaró como testigo.
Conforme al artículo 111 de la Constitución, el procedimiento de procedencia para un legislador estatal acusado de delitos federales, debe seguir el mismo curso inicial que el de cualquier servidor público de jurisdicción federal con fuero.
Es decir, se pedirá su desafuero a la Cámara de Diputados y la declaratoria de procedencia que esta emita será «para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda».
Una vez que existan los pronunciamientos y los acuerdos de los Congresos federal y estatal, la PGR estará en posibilidad de solicitar la orden de aprehensión contra la legisladora.
A Sánchez López le imputan haber usado documentos de identidad a nombre de «Devany Vianey Villatoro Pérez» para ingresar al Penal del Altiplano, el 4 de septiembre de 2014, para visitar a «El Chapo» Guzmán.
La semana pasada jueces federales le concedieron a la legisladora suspensiones provisionales contra órdenes de aprehensión, presentación, intervención de comunicaciones privadas, cateos y aseguramientos.
