CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (Associated Press)
Un equipo de forenses argentinos determinó que ninguna evidencia biológica y física permite concluir que 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en el sur de México fueron quemados en un basurero, como aseguró el gobierno federal inicialmente.
En un informe divulgado el martes, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) señaló que en el basurero de la municipalidad de Cocula ocurrieron múltiples incendios en diversos momentos y que si bien lograron identificar restos óseos de por lo menos 19 personas, no tienen evidencia de que correspondan a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Este es el segundo reporte que rechaza la principal conclusión que el gobierno mexicano presentó aproximadamente hace un año sobre lo ocurrido a los alumnos, quienes la noche del 26 de septiembre de 2014 fueron detenidos en la ciudad sureña de Iguala por policías municipales y ya no se supo más de ellos.
En septiembre, expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguraron que tras encargar un peritaje independiente de lo sucedido en el basurero de Cocula, una localidad vecina a Iguala, se estableció que no pudieron haber sido quemados ahí los jóvenes.
“Hasta el momento el equipo argentino de antropología forense no ha hallado evidencia científica para establecer correspondencia alguna entre los elementos recuperados en el basurero de Cocula y los estudiantes desaparecidos”, dijo Mercedes Doretti, del EAAF.
Padres de los estudiantes dijeron que el nuevo informe muestra que el gobierno los ha engañado y exigieron que se investigue a los funcionarios involucrados en la investigación inicial sobre el basurero.
La Procuraduría General de la República, responsable de la investigación, señaló en un comunicado que recibió este martes el informe, pero refirió que, como se acordó con los expertos de la Comisión Interamericana, se trabaja en integrar un nuevo equipo de peritos que hará otro análisis en materia de fuego en el basurero.
Antes, Doretti dijo que han recomendado a las autoridades que en vez de hacer un nuevo peritaje se sienten todos los peritos que han trabajado en el basurero hasta ahora y lleguen a una opinión conjunta.
La desaparición de los estudiantes ha sido uno de los golpes más fuertes que ha sufrido el presidente Enrique Peña Nieto, quien asumió en diciembre de 2012 y ha tenido que reconocer que es una de las causas de la desconfianza social actual hacia su gobierno.
Tras el informe de los expertos de la Comisión Interamericana, el gobierno anunció que encargaría otro peritaje para analizar lo que sucedió en el basurero, lo cual no ha ocurrido hasta ahora.
El informe del EAAF, cuya elaboración tomó más de un año, incluyó un análisis multidisciplinario de diversos elementos encontrados en el basurero, como restos óseos, plantas, excremento, insectos, rocas, vidrios, casquillos y neumáticos. También se analizaron fotografías satelitales.
La conclusión de los argentinos es que en el lugar hubo múltiples incendios de diversa intensidad a lo largo de años, pero ninguno de las dimensiones necesarias para quemar a 43 personas.
A principios de 2015, el entonces procurador Jesús Murillo Karam dijo que las investigaciones oficiales habían dado con la “verdad histórica” de lo sucedido: los estudiantes, dijo, fueron detenidos por policías municipales y entregados a un grupo del narcotráfico que los calcinó en el basurero de Cocula y luego lanzó las cenizas en bolsas a un río cercano.
Blanca Nava, madre del estudiante Jorge Álvarez Nava, criticó que el gobierno haya sostenido esa hipótesis. “Por eso nosotros no creemos nada en las instituciones, porque solamente han dicho muchas mentiras”, dijo.
“Que se castigue a todos los funcionarios públicos que intervinieron en esta mentira”, dijo Hilda Legideño, madre del joven Jorge Antonio Tizapa.
Para el director de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se debe investigar a las autoridades que participaron en el caso, incluido el ex procurador general.
“Las autoridades involucradas deben responder por su papel en perpetuar la impunidad”, señaló en una declaración escrita.
Hasta ahora las autoridades han dicho que se ha identificado a dos estudiantes a partir de restos encontrados en las bolsas: Alexander Mora y Jhosivani Guerrero, aunque sólo con el primero se logró una identificación plena vía ADN.
En el caso de Guerrero, la identificación se hizo con menor certeza debido a que el deterioro de los restos sólo permitió hacer análisis genéticos experimentales que forenses, como los argentinos, consideran imprecisos.
Además, como ningún miembro del EAAF estuvo presente cuando se recogieron las bolsas, el grupo sostiene que no hay evidencia científica para asegurar que esos restos provenían del basurero.
