MONTERREY, México (AP) — Una riña en un penal del estado norteño de Nuevo León dejó 49 reos muertos y 12 heridos, en el peor incidente dentro de una prisión mexicana en la historia reciente.
El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, informó que los fallecidos y los heridos fueron resultado de un enfrentamiento entre grupos rivales en el interior del penal de Topo Chico, en la ciudad de Monterrey, la capital estatal.
Los hechos ocurrieron un día antes de la llegada a México del papa Francisco, quien la próxima semana tiene previsto visitar una prisión en la localidad fronteriza norteña de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.
Rodríguez dijo por la mañana que 52 reos habían muerto, aunque horas después redujo la cifra a 49. El motivo del cambio no fue claro.
El gobernador leyó en una rueda de prensa los nombres de 40 víctimas confirmadas. Dijo que hay otros cinco cuerpos calcinados y cuatro más pendientes de ser identificados.
El enfrentamiento comenzó la noche del miércoles y durante la riña los presos prendieron fuego a una bodega de la prisión donde se guardan víveres.
El gobernador había dicho antes que en la pelea estuvo involucrado un grupo encabezado por Juan Pedro Zaldívar, alias «Z-27» y quien es considerado miembro de Los Zetas, un cartel que hace unos años desató una ola de violencia en Monterrey y sus alrededores.
Zaldívar es señalado de estar detrás de la muerte en 2010 del estadounidense David Hartley en una presa en la frontera entre México y Texas. El hombre recibió un tiro cuando iba junto con su esposa a bordo de motos acuáticas.
El gobernador dijo que el otro grupo involucrado en la pelea está encabezado por un hombre identificado como Jorge Iván Hernández, a quien medios locales señalan como miembro del cartel del Golfo, rival de Los Zetas.
Un reporte de 2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos refirió que el penal de Topo Chico tenía problemas de hacinamiento y seguridad interna. Con una capacidad para 3.635 internos, la población era de 4.585, y se detectó que los reos practicaban la violencia como forma de control de la población penitenciaria.
El caso más reciente de una riña con un saldo importante de muertos ocurrió en febrero de 2012 en la cárcel de la localidad de Apodaca, también en el estado de Nuevo León, cuando 44 presos murieron. Las autoridades responsabilizaron a miembros del cartel de Los Zetas recluidos ahí.
El mandatario estatal dijo que las autoridades controlaron la situación la madrugada del jueves y que ningún reo se fugó.
Afuera de la prisión, cientos de personas exigieron a gritos saber si sus familiares estaban entre las víctimas.
En un momento la gente se agolpó en una de las entradas de la prisión y comenzó tirar de la reja hasta abrirla, aunque policías se interpusieron para evitar que entraran.
Al paso de las horas, familiares pudieron entrar a la cárcel.
«Mi hermano sí está bien, solo me dejaron verlo unos minutos, solo para ver que está vivo y luego luego me sacaron, que por que hay que darle más chance a los demás que entren», dijo José Eduardo González, uno de quienes pudo pasar.
Las autoridades reforzaron la seguridad en otras prisiones y transfirieron a algunos reos de Topo Chico a otros penales, dijo el gobernador a Milenio Televisión.
Inicialmente dijo que ningún arma había sido utilizada, pero Rodríguez señaló después que al menos una de las víctimas había recibido disparos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha reportado en el pasado que varias prisiones en el país están bajo control de los reos. Un reporte de 2013 señaló que a partir de visitas y entrevistas encontró que de 101 prisiones, en 65 los presos ejercían un «autogobierno».
Leslie Solís, investigadora del centro de análisis México Evalúa, dijo que las condiciones señaladas en el reporte del organismo de derechos humanos mostraban que algo así podría pasar.
«Todas las condiciones estaban puestas para esto», consideró.
Reformas legales en 2008 y 2011 han buscado reorientar el sistema de prisiones para respetar los derechos humanos y preparar a los reos para integrarse a la sociedad, pero en la mayor parte del país eso no ha ocurrido, añadió. Algunos lugares están bajo tal control del crimen organizado, que las autoridades no tienen los recursos para confrontar la situación.
«Este enfrentamiento… tiene que servir como una señal de alarma o como un llamado para que las autoridades se hagan responsables y ya no permitan que esto vuelva a pasar», dijo Solís.
