MONTERREY, México (AP) — Tres funcionarios, entre ellos la directora de la prisión del norte de México donde el pasado jueves murieron 49 reos, fueron detenidos y acusados de las muertes que tuvieron lugar en el interior del penal de Topo Chico, informó la fiscalía del estado de Nuevo León.
El procurador de Justicia, Roberto Flores, informó el sábado que Gregoria Salazar Robles, directora de la prisión; Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, comisario de Administración Penitenciaria del estado; y un guardia de seguridad del penal están señalados como los autores materiales de la matanza.
Los dos primeros fueron acusados de homicidio calificado por no contar con las medidas de seguridad necesarias al interior de la prisión, situada en la norteña ciudad de Monterrey. El guarda enfrenta cargos por homicidio, ya que aparentemente disparó contra uno de los internos fallecidos, que presentó un impacto de bala.
Según los investigadores, el día de los hechos los reos utilizaron bates y varillas, material que no tenía por qué estar en el penal, además que se detectó que algunas celdas no contaban con candados y había presos fuera de sus celdas en horarios no permitidos.
Muchas prisiones en México están gobernadas por los propios internos, según denunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos en varias ocasiones.
El viernes, Flores informó que cuatro de los nueve cuerpos todavía no podrán ser identificados dado que la prisión no tiene constancia de su presencia en el interior de las instalaciones. Los cinco cadáveres restantes presentaron quemaduras severas y se espera al resultado de pruebas de ADN para confirmar su identidad.
«Esta una situación bastante irregular», dijo sobre la violencia registrada en la cárcel de Monterrey, el corazón industrial del norte del país.
Las autoridades señalaron que la batalla, que se prolongó durante horas en la madrugada del jueves, fue un enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes rivales y pone de manifiesto el poder que ejercen los cárteles en el interior de muchas de las cárceles del país.
El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, indicó que en el penal se encontraron 60 martillos, 120 puntas de metal artesanales y 86 cuchillos que fueron utilizadas en el enfrentamiento, que dejó además 12 heridos.
Al menos 40 de las víctimas «fallecieron por heridas de armas punzocortantes, golpes que se dieron a través de martillos, palos, lo que hoy mencioné que encontramos ahí», dijo el gobernador en una conferencia de prensa. «Lo que tenemos que ver con realidad en el sistema penitenciario es que hay autogobierno. Toda esta corrupción al interior del penal generó esta condición».
Rodríguez reconoció que los presos controlan de forma efectiva las instalaciones y que no había suficientes guardas vigilándolos. Además, debido al bajo salario, «nadie quiere ser custodio», agregó.
Antes de volar de Cuba a México el viernes, el papa Francisco envió un mensaje al arzobispo de Monterrey expresando su pesar por las víctimas. El pontífice envió su pésame a los familiares de los fallecidos y deseó la pronta recuperación de los heridos en el motín.
Cerca de la mitad de los internos en Topo Chico han sido sentenciados por delitos de fuero común o son sospechosos que están a la espera de juicio. Sin embargo, se alojan en un penal sobrepoblado con otros presos condenados por narcotráfico y crimen organizado.
Uno de ellos era Raymundo González Hernández, de 23 años, acusado de secuestro y en espera de ser procesado. Él no estaba en la lista de heridos de la riña, pero su prima dijo que estaba cubierto de moretones y marcas en el cuerpo cuando lo vio.
«Tenía los dos ojos casi cerrados por todos los golpes que le dieron», dijo Cynthia Hernández.
«No podía hablar, nada más hacía así», añadió mientras movía su cabeza de un lado a otro.
No se reportaron fugas a raíz de los enfrentamientos, registrados en la víspera de la llegada a México del papa Francisco, que la próxima semana tiene previsto visitar una prisión en la localidad fronteriza de Ciudad Juárez, en el norte del país.
Flores confirmó que la pelea enfrentó a dos bandas lideradas por dos miembros del tristemente célebre cártel de los Zetas, Juan Pedro Zaldívar Farías, también conocido como «Z-27», y Jorge Iván Hernández Cantú.
Rodríguez culpó de la violencia al «viejo y obsoleto sistema» por el que se rigen las cárceles mexicanas y sugirió que, tras haber visitado Estados Unidos, su país podría decantarse por un estilo de gestión más parecido al estadounidense, con penales operados por empresas privadas.
También criticó las reformas judiciales que dan a los reos mayor capacidad para apelar a las órdenes de traslado y evitar así alejarse de sus localidades natales. Zaldívar tuvo éxito en su lucha para ser trasladado a Topo Chico, y Hernández ganó una apelación contra un traslado a otro lugar.
