CARACAS, Venezuela, febrero 12 (AP)
El Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela dejó entrever este viernes que la mayoría opositora podría acelerar la búsqueda de opciones constitucionales para cesar el mandato de Nicolás Maduro.
El diputado Henry Ramos Allup reaccionó con dureza a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de declarar vigente el decreto de emergencia económica que le da plenas facultades a Maduro para actuar por dos meses en diversos ámbitos y que había sido rechazado por el Congreso. Ramos Allup consideró a la sentencia “inconstitucional” y sostuvo que contribuye con la “profundización y la aceleración” de la crisis que enfrenta Venezuela.
Tras el anuncio de la sentencia del Tribunal Supremo la coalición opositora inició las evaluaciones para definir una postura conjunta.
“Este Gobierno está haciendo lo posible para que le den un golpe”, indicó el presidente del Congreso en conferencia de prensa. “Una de las pocas cosas que lo sostienen precariamente (a Maduro) en el poder es el Tribunal Supremo de Justicia”.
Anticipó que la coalición opositora recurrirá a instancias internacionales para denunciar a la Corte, señalada de estar controlada por el oficialismo.
El legislador sostuvo que “dentro del propio Gobierno hay un movimiento cada vez más fuerte y cada vez más creciente para pedirle la renuncia a Nicolás Maduro”, dijo sin presentar pruebas de la existencia del movimiento.
Maduro, que alcanzará en abril la mitad de su mandato de seis años, anunció la noche del jueves que con la activación del decreto por parte del Tribunal Supremo aprobará en los próximos días una serie de medidas, pero no ofreció detalles.
Algunos medios locales indicaron recientemente que el gobierno estaría considerando un ajuste del control de cambios vigente desde 2003 y un eventual aumento del precio de la gasolina que se vende en cerca de un centavo de dólar el litro y es la más barata del mundo.
El gobernante aprobó a mediados de enero el decreto para hacer frente a la crisis, que considera es consecuencia de una “guerra económica” promovida por sectores empresariales y opositores para desestabilizar su Gobierno.
La mayoría opositora del Congreso desaprobó el 22 de enero el decreto alegando que el mandatario no necesitaba ninguna normativa especial debido a que las leyes vigentes eran suficientes para afrontar la crisis.
Venezuela está agobiada por una galopante inflación que el Fondo Monetario Internacional estima que podría llegar este año a 720 por ciento, severos problemas de desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros productos básicos y una fuerte recesión que podría profundizarse por el descenso de los precios del crudo.
