México, 15 Feb (Agencias).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió hoy que se realice una investigación «imparcial y exhaustiva» sobre el motín ocurrido el pasado jueves en el penal de Topo Chico, en la ciudad de Monterrey y que se garanticen los derechos de las familias.
En un comunicado difundido en la capital mexicana, el relator especial de la ONU Juan E. Méndez exigió que se establezcan las «responsabilidades legales» de las autoridades penitenciarias y los reclusos que participaron en los hechos, que dejaron un saldo de 49 muertos y 12 heridos.
Exhortó a «garantizar el derecho de los familiares a saber la verdad acerca de lo acontecido, a una identificación pronta de las personas fallecidas que aún se desconocen sus nombres, a una entrega digna de los restos de las personas fallecidas y a una atención médica de calidad a los heridos», abundó Méndez.
También se refirió a que se incluyeran «garantías de no repetición» de los hechos, que se traduzcan en una «mejora sustancial» en las condiciones de detención del penal, donde ayer se eliminaron los «privilegios» que tenían algunos de los líderes del crimen organizado recluidos.
Entre estos privilegios se encontraban «celdas de lujo equipadas con salas, minisplits, pantallas, frigobares, televisión digital y hasta acuarios y baños sauna», según informaron autoridades del estado de Nuevo León, del que Monterrey es capital.
En la visita del relator de la ONU al penal en 2014, este constató la «flexibilidad excesiva» del régimen penitenciario, así como las condiciones de sobrepoblación del penal, que ronda el 35%.
Asimismo, en el informe que entonces realizó se refirió a la infraestructura deteriorada, las malas condiciones sanitarias, la mala calidad de la comida y los tratos «crueles, inhumanos y degradantes» a personas con discapacidad, entre otros aspectos.
El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, apodado el Bronco, afirmó el pasado jueves que el incidente se produjo por una pelea entre dos grupos de internos liderados por Jorge Iván Hernández Cantú, el «Credo», y Juan Pedro Salvador Saldívar Farías, el «Z27», ambos del cártel de Los Zetas.
La riña tuvo lugar en las áreas C2 y C3 del penal, uno de los más antiguos y con exceso de población del estado.
Las bandas se enfrentaron con armas punzocortantes, botellas, bates y palos luego de prender fuego en los almacenes de comida, que se extendió a las celdas.
