Rogelio Rodríguez Mendoza
El ejercicio periodístico enfrenta uno de sus momentos más críticos y riesgosos, advirtió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al hacer un llamado enérgico a las autoridades federales y estatales “para que implementen políticas públicas encaminadas a generar un entorno seguro y respetuoso hacia los periodistas, comunicadores y medios de comunicación”.
Al emitir la recomendación general número 24, el organismo defensor de la dignidad de los mexicanos, exhibió datos estadísticos que colocan a Tamaulipas como el segundo estado del país con mayor número de homicidios de periodistas.
“Los estados con mayor incidencia en el número de homicidios a periodistas son Veracruz, con 14.6 por ciento; Tamaulipas con 11.9 por ciento; Guerrero, Chihuahua y Oaxaca con once por ciento cada uno.
Eso significa que seis de cada diez homicidios de comunicadores ocurren en esas cinco entidades.
Desde el 2000 al 31 de enero del 2016, señala el organismo, han ocurrido 109 homicidios de periodistas y otros 20 han desaparecido desde el 2005. También se han documentado 48 atentados a medios de comunicación desde el 2006, y desde el uno de enero del 2010 se han recibido 515 quejas por agravios a periodistas.
Por lo que hace al número de periodistas desaparecidos, los estados de Veracruz y Michoacán tienen un 20 por ciento de los casos cada uno, mientras que Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León, tienen un diez por ciento.
Debido a esa situación, la CNDH hizo un severo exhorto a la Federación y los gobiernos estatales “para que implementen políticas públicas encaminadas a generar un entorno seguro y respetuoso hacia los periodistas, comunicadores y medios de comunicación”.
Y añade: “En México han surgido inercias en los aparatos gubernamentales como respuesta a las susceptibilidades producidas por la crítica u opinión emitida desde la actividad periodística, acciones u omisiones que amenazan el ejercicio pleno de la libertad de expresión, mismas que se traducen cada vez más en frecuentes violaciones a los derechos humanos que se realizan de forma directa e indirecta”.
Entre las primeras destacan transgresiones a los derechos de seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, libertad, legalidad, propiedad y posesión, las cuales en su mayoría quedan impunes por omisiones del Estado en la integración de las indagatorias correspondientes.
La CNDH refiere que las conductas que tienen por objeto inhibir la libertad de expresión no solamente se cometen mediante agresiones físicas contra periodistas o medios de comunicación, sino también a través de medios tecnológicos afectando sus servidores, redes sociales o páginas electrónicas, con objeto de obstruir la información.
“Por ello quedó establecido que la garantía a la libertad de expresión aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios informativos, por lo que los atentados contra este derecho y que son cometidos contra periodistas, así como los ataques cibernéticos contra las páginas electrónicas o redes sociales de los medios de comunicación deben ser investigados y sancionados”.
