GUATEMALA, febrero 28 (Notimex)
La Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, y el sistema de las Naciones Unidas en Guatemala saludaron la condena contra militares que vejaron y asesinaron a mujeres indígenas en la pasada guerra interna (1960-1996).
La justicia guatemalteca dictó sentencias de 120 años de prisión al teniente coronel retirado Francisco Reyes Girón y de 240 años para Heriberto Valdez Asij, ex comisionado militar –un colaborador civil del Ejército-.
Se trata de “una sentencia que dignifica a las mujeres” y “dignifica a la humanidad”, escribió Menchú en su cuenta de Twitter en relación con los crímenes de guerra cometidos entre 1982 y 1983.
“Nos sentimos orgullosas de nuestras hermanas de Sepur Zarco que se atrevieron a desafiar la justicia penal”, añadió la dirigente indígena guatemalteca.
La titular del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, Valerie Julliand, señaló por su lado que las condenas contra los dos procesados “dignifican al país, que demuestra su compromiso con la justicia”.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala destacó por su parte que valora “la histórica sentencia” en el caso denominado Sepur Zarco.
El Tribunal de Mayor Riesgo A, encabezado por la jueza Yassmin Barrios, declaró culpables a los dos acusados de delitos contra deberes de la humanidad, asesinato y desaparición forzada.
El proceso del caso conocido como Sepur Zarco, una comunidad indígena que fue sometida en forma feroz por un destacamento militar en el norte del país, concluyó la noche del viernes con la lectura de la sentencia.
Según la condena, las víctimas sufrieron la desaparición de sus esposos, violación sexual y además fueron obligadas a servir, cocinar y lavar ropa en el destacamento.
Las condiciones de esclavitud y otros vejámenes fueron narrados durante el juicio por mujeres sobrevivientes.
Expusieron además que sus esposos fueron desaparecidos por sus intenciones de legalizar sus tierras, y los ahora condenados tuvieron participación en los hechos juzgados.
La jueza Barrios, en la lectura de la sentencia, coincidió en que los vejámenes tenían el fin de sembrar terror y disuadir a las familias indígenas de sus demandas de tierras.
