CARACAS, Venezuela, febrero 28 (Notimex)
El actual gobierno venezolano adjudicó apartamentos a ciudadanos que carecían de vivienda, pero después los lanzó a la calle y ordenó destruir pertenencias, denunció hoy Luis Trías, presidente de la Asociación de Víctimas de Desalojos (AVD).
“Se han lanzado a la calle familias enteras sin importar que estén conformadas por niños, niñas y adultos mayores. En ocasiones los funcionarios que realizan el operativo terminan hurtando bienes de las personas”, precisó el dirigente vecinal.
Trías, en diálogo con Notimex, afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro convirtió a la Misión Vivienda Venezuela (MVV) en una forma de castigo, bajo el argumento de que en una zona popular operan bandas delictivas y por tanto debe desalojarse y sus viviendas destruidas.
“En el caso de los apartamentos de la Misión Vivienda Venezuela se asegura que en el inmueble se perpetran delitos y se procede a desalojar las familias que allí habitan, sin contemplaciones de ninguna especie”, añadió.
El dirigente vecinal destacó que para llevar a cabo estos desalojos se creó el Operativo de Liberación del Pueblo (OLP), cuyos miembros actúan con violencia en todo el país y dejan sin techo a más de dos mil familias, “que ahora se encuentran en refugios o campos de concentración”.
“Recientemente se realizó una razzia por parte de efectivos policiales y militares en los barrios El Cují, Bosque Verde y La Ensenada en el kilómetro tres de la Carretera Panamericana. Cerca de 300 viviendas fueron demolidas o derrumbadas con los muebles de las personas”, añadió.
Trías agregó que se dejó en la calle a cientos de familias, que tras una protesta frente al presidencial Palacio de Miraflores fueron enviadas a refugios, esta vez en lugar de un desastre natural, por una acción arbitraria e inhumana del gobierno.
Resaltó que en Caracas se vivió esa grave violación a los derechos humanos, y también al sur de Valencia, capital del central estado de Carabobo, en el sector Brisas del Hipódromo 436 familias observaron cómo con tractores destruían sus viviendas.
La ciudadana Omaira del Carmen Ramírez, beneficiaria de un apartamento en Tanaguarenas, denunció ser víctima de desahucio y desalojo forzoso de la vivienda a manos de funcionarios del Instituto de Vivienda de Vargas (IVV) y policía regional, en el contexto de la OLP.
Trías advirtió que “estas medidas vulneran los principios internacionales del derecho a la justicia y del derecho a una vivienda digna. Los estándares sobre el derecho a la justicia establecen que los castigos no deben trascender a la persona señalada de haber cometido un delito”.
