WASHINGTON (AP) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró el miércoles insuficiente la respuesta del Estado mexicano a las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país y exhortó a las autoridades a erradicar la impunidad generalizada.
En un informe elaborado después de que siete integrantes de la CIDH visitaran México en octubre, el organismo destacó las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la inseguridad ciudadana y la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos como las principales violaciones.
Citando cifras oficiales, el reporte de la CIDH ubicó en 26.798 la cantidad de personas desaparecidas en todo el país. También apuntó que la Procuraduría General de la República investigaba 2.420 denuncias de tortura en abril de 2015 pero que sólo hubo 15 sentencias condenatorias por ese delito a nivel federal.
El informe describió la desaparición de 43 estudiantes a manos de la policía en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero como un «ejemplo emblemático de la aparente colusión» entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado y «una muestra de la impunidad estructural y casi absoluta en la que suelen quedar estos graves crímenes».
El gobierno negó que México atraviese una crisis de derechos humanos y rechazó el reporte por considerar que «no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos «.
«La metodología utilizada por la CIDH para integrar el informe tuvo un sesgo inicial. En lugar de valorar el estado de cumplimiento de las obligaciones del Estado, se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas, tomando en cuenta las problemáticas de seis entidades federativas y llegando a conclusiones sin fundamento», escribió la cancillería mexicana en un comunicado.
Agregó que «dicho sesgo generó que la CIDH utilizara la información recabada en su visita de manera parcial y sin atender los requisitos de confiabilidad y convicción previstos en su reglamento, y que habrían sido indispensables para que ésta pudiera arribar a conclusiones sólidas y fidedignas».
La comisión, que no emitía un informe sobre México desde 1998, dijo que la situación se agravó desde que el entonces presidente Felipe Calderón lanzó una campaña contra el crimen organizado en 2006 y negó que haya habido mejora alguna en los niveles de violencia tras la llegada al poder del presidente Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012.
Pero sí valoró como «importantes» la reforma constitucional y varias legislaciones que han entrado en vigencia desde 2011 para la investigación de casos de tortura y desaparición forzada.
«El reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y la realidad que experimenta la mayor parte de sus habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva», señaló el presidente de la CIDH, el estadounidense James Cavallaro.
Al consultarle si percibe en las autoridades mexicanas la voluntad política para corregir la situación, el experto dijo a AP que algunos elementos son favorables como el reconocimiento al valor de las sentencias emanadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también hay prácticas «muy preocupantes» como haber suspendido los partes de prensa sobre bajas ocurridas durante enfrentamientos sostenidos por la fuerza pública.
«Es como todo en México. Ni sí, ni no», señaló Cavallaro, quien insistió en que la misión del informe no es criticar a un gobierno específico, sino «registrar la realidad y buscar soluciones».
La CIDH detectó graves irregularidades en las investigaciones que se llevan adelante por desapariciones.
El órgano adscrito a la Organización de Estados Americanos recomendó un paquete de medidas para alcanzar esa meta, como adoptar una ley general sobre desaparición y otra sobre tortura y otros tratos crueles y mejorar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
