Los jueces calificadores en los municipios de Tamaulipas deben ser sujetos de evaluaciones de Control y Confianza de forma similar a otras autoridades, para evitar casos como el de Hermilo Cruz Caraza, imputado del delito de secuestro y actualmente preso en el Cedes de esta localidad, coincidieron legisladores locales.
Además, se pronunciaron de manera positiva para que las autoridades estatales y municipales realizaran una evaluación exhaustiva del funcionamiento de las cárceles preventivas en las 43 ciudades, donde se han denunciado importantes violaciones a garantías fundamentales.
Los diputados Arcenio Ortega Lozano, del PT; Ramiro Ramos Salinas y Aída Zulema Flores Peña, del PRI y Pedro Reyes Sánchez del PRD consideraron necesario que al ser la primera autoridad responsable de administrar justicia en la sociedad, deben ser garantes de la misma.
En entrevistas por separado, se mostraron preocupados por la acusación en contra del juez calificador adscrito a la Policía Municipal de esta ciudad, por delito de privación ilegalidad de la libertad en su modalidad de secuestro agravado, en contra de dos jóvenes desparecidos desde hace tres años.
Por ello, consideraron necesario analizar a fondo la posibilidad de establecer la aplicación de exámenes a servidores públicos que ocupen esos cargos y de esa forma, como sucede con otras autoridades, garantizar su lealtad y honestidad en el ejercicio de su función pública.
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local, Arcenio Ortega Lozano, se pronunció a favor de aplicación de controles de confianza a jueces ciudadanos.
“Deben de tener, si no el mismo nivel de exámenes que se tienen en otras instituciones, sí debe haber un control por parte del municipio, porque son la autoridad inmediata y no pueden estar al arbitrio propio, deben estar controlados”, dijo.
Consideró que se debe evitar que recurrentemente se violenten derechos humanos de las personas, al igual que en Cedes, el objetivo es impulsar la reinserción social y no la comisión de actos delictivos y menos aún por parte de autoridades.
“Las condiciones en las que se encuentran muchas de ellas, son deplorables, quizás sean una fuente de ingresos importante para los municipios, pero no hay una retribución en cuanto al mantenimiento de las instalaciones, se deben empezar por darles mantenimiento y revisar las condiciones de cómo se manejan”, expuso.
En torno al caso del juez calificador, Cruz Caraza, dijo se debe aplicar de forma rigurosa la sanción que establece la ley a fin de que sea ejemplo para otros servidores públicos y se eviten casos subsecuentes.
Para el presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo en esta entidad, Ramiro Ramos, debe ser una prioridad el evaluar a esas instancias y su funcionamiento, debido a que son los rimeros en tener contacto como administradores de justicia, y donde se atienden de forma directa los problemas ciudadanos.
“No podemos permitir que una autoridad del nivel que sea actúe en contra de la sociedad, son instancias que atienden diariamente a la sociedad y que se debe tener la certeza de su apego a la legalidad, claro que estamos a favor de su evaluación”, dijo.
En su caso, la presidenta de la Comisión de Justicia, la priista Flores Peña, quien entre otros cargos ha sido directora de Seguridad Pública y agentes del Ministerio Público en la entidad, señaló que debe tenerse una vigilancia permanente del actuar de un juez calificador.
“Que desafortunado si así fuera de encontrarse culpable al juez, ellos no pasan un proceso de certificación que se les da a otros servidores públicos pero si deben ser considerados”, comentó.
Agregó, “yo fui directora de Seguridad Pública y agente del Ministerio Público y siempre estuve al tanto de esto para que no se conculquen las garantías de los indicados o detenidos por faltas administrativas, las 24 horas del día no solo en horarios administrativos”.
En tanto que el diputado perredista Reyes Sánchez sentenció que una vez más queda clara la urgente necesidad de dar seguimiento puntual al actuar de las autoridades que tienen contacto directo con la ciudadanía, quienes recurrentemente son señalados por violatorios de garantías fundamentales establecidas en la Constitución.
“No es posible que cada día veamos no solo en Tamaulipas, sino en todo el país, autoridades responsables de velar por el bienestar de la sociedad y sean quienes cometen los hechos delictivos, claro que de encontrar responsabilidades se deben sancionar de manera ejemplar”, dijo.
Agregó que el hecho de ser un servidor público quien comete una actividad delictiva es un hecho agravado y así debe ser sancionado para evitar que se cometan hechos posteriores.
“Ya es necesario que aquellas personas que no están dispuestas a servir a la sociedad y que desvíen su actuar en perjuicio de la misma sean encarcelados y sancionados como merecen, como delincuentes que son”, concluyó.
