Clemente Zapata M.
Las muertes y agresiones contra mujeres por cuestiones de género urgen al Congreso del Estado a la tipificación del delito de feminicidio y se sancione con mayor severidad; tan solo durante el 2015 se registraron en la entidad 637 homicidios contra féminas.
Esto lo dio a conocer la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Poder Legislativo, Olga Sosa Ruiz, quien citó la cifra proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Estado, y aseguró que al menos un diez por ciento de esas muertes pudo haber sido calificado como feminicidio.
Si bien los cientos de casos se presentan en todo el territorio tamaulipeco, son ciudades como Altamira y la zona conurbada, Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, los lugares donde mayor incidencia se presentan; sin embargo, en las últimas semanas el problema se agravó específicamente en Altamira.
Sosa Ruiz consideró por ello la necesidad de aprobar la iniciativa de tipificación del delito de feminicidio, cuando la agresión y asesinato de una mujer esté relacionada con su género, la cual se encuentra en análisis en la comisión de Justicia, quien la dictaminará y presentará al Pleno, donde se confía sea aprobada.
De acuerdo a la legisladora, además de la correcta tipificación legal de lo que implica el ilícito como tal, propusieron que la persona que lo cometa sea sujeta de una sanción de 50 años de cárcel, siendo la pena más alta en Tamaulipas.
“Habíamos propuesto 60 años, pero fue un señalamiento que nos hizo el Poder Judicial del Estado, que en Tamaulipas la pena máxima es 50 años, si no tendríamos que modificar otro artículo, acordamos que 50 años nos parecía correcto para que fuera una pena máxima para los feminicidas”, comentó.
Sosa Ruiz reconoció que aún falta mucho por hacer en beneficio de las mujeres, sobre todo en el sur de la entidad, de donde es originaria, la apuesta debe ser a la modificación de cuestiones culturales desde la niñez, que deben ser erradicadas con actividades preventivas y de formación desde que los ciudadanos son pequeños.
Cuando se registran los hechos, explicó que se tipificará como feminicidas cuando el homicidio lo haya ocasionado su pareja o alguien cercano a ella; que su cuerpo haya sido expuesto sin ropa en público, entre otros aspectos permitiría la presencia de autoridades de los otros niveles.
La legisladora señaló que durante su última visita al Complejo de Seguridad Pública solicitó a los directivos de la Universidad de Seguridad y Justicia de la Secretaría de Seguridad que capacitaran o que hubiera desde el periodo de formación y actualización de agentes, una materia encaminada a la atención de los delitos contra mujeres.
“Pedí que cuando haya una denuncia de violencia intrafamiliar, llegue dentro de los elementos alguno que tenga especialidad para atender a la mujer violentada”, dijo.
Por su parte, la diputada del Partido Acción Nacional, Belén Rosales Puente, destacó que se tiene un marco legal adecuado para atender y sancionar a quienes asesinen a mujeres; sin embargo, son los funcionarios y servidores públicos quienes incumplen las normas.
“Ya tenemos un marco legal bien establecido, tenemos agencias especializadas de la violencia intrafamiliar, desafortunadamente tenemos funcionarios que no son sensibles, no quiero generalizar”, dijo.
Para la panista, lo lamentable es contar con servidores y funcionarios públicos que no están preparados para atender a una mujer que ha sido violentada y que eso provoca la negativa a denunciar, posteriormente han perdido hasta la vida por no prevenir acciones de violencia a tiempo.
“Van presentan la denuncia al Ministerio Público, se encuentran con que te mando a conciliación, no vienes llena de sangre, no traes golpes que te estén tumbando y te lleven al hospital, te mando a que concilies con eso nos encontramos”, subrayó.
Por ello, consideró como irrelevante que se incrementen las sanciones en contra de delincuentes, cuando se carece de funcionarios públicos sensibles que tengan la capacidad de atender a una mujer violentada.
