CARACAS, Venezuela, marzo 13 (Notimex)
La Asamblea Nacional venezolana, bajo control de la oposición, se declaró en sesión permanente y espera que el Gobierno exponga las razones para extender la vigencia del decreto de emergencia económica.
El presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, dijo que se instaló la sesión para dar por recibida la solicitud del Gobierno, darle curso legal a la solicitud de la prórroga y que espera que el martes, en la reanudación del debate, asista el vicepresidente Aristóbulo Istúriz para exponer las razones de la extensión.
“Estamos declarados en sesión permanente para examinar la solicitud de prórroga del decreto de emergencia, por la solicitud que nos envió el presidente Nicolás Maduro el viernes pasado”, dijo Ramos.
Agregó que pasados los 60 días de vigencia del decreto, firmado por Maduro en enero pasado con el aval del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Asamblea debe darle la aprobación a eventual una prórroga.
Ramos dijo que este día la directiva se dio por enterada de la petición del Gobierno solicitando la prórroga e invitó al vicepresidente a comparecer el martes.
“Esperamos que comparezca a darnos información para decidir sobre la prórroga de esta solicitud. Hemos constituido la Asamblea y tenemos ocho días para tomar la decisión respectiva”, explicó.
Indicó que la legislatura le hará a Istúriz una serie de preguntas sobre la situación de la economía, a fin de debatir la extensión del decreto.
“Tuvieron (el Gobierno) que mandar el decreto aquí porque las cosas tienen su propia inercia, la Constitución dice que ese decreto se aprueba y se extiende aquí (en la Cámara Legislativa)”, aseveró.
El portavoz de la bancada oficialista, diputado Elías Jaua, alertó que la Asamblea quedará “nuevamente de espaldas al país” si no aprueba la prórroga del decreto.
“Quedará nuevamente de espaldas al pueblo, quedará como una mayoría que ha venido a poner a este parlamento al servicio de un proyecto político desestabilizador, una Asamblea que la han convertido en una plataforma de las disputas internas de la oposición y de sabotaje permanente al Gobierno”, dijo a los periodistas.
Aseguró que los funcionarios del Gobierno están dispuestos a cooperar, ofrecer información a la Asamblea, pero “no para ser parte de un circo”.
“Estamos seguros que los ministros y vicepresidentes sabrán explicar y justificar el derecho del pueblo venezolano a que el Gobierno actúe en función de su protección porque ya los estados de excepción no son para reprimir al pueblo”, aseveró.
La mayoría opositora en la Asamblea había rechazado la aplicación de decreto, pero Maduro acudió al TSJ, que declaró su vigencia y legalidad de la medida a partir del 14 de enero.
Transcurridos 60 días, la legislatura debe discutir y aprobar una prórroga por el mismo período, por lo que Maduro envió la solicitud a la Cámara.
Al rechazar el decreto, la Asamblea alegó que los ministros del área económica se negaron a asistir para explicar las razones de la emergencia y exponer las cifras oficiales de la economía, cuya crisis se ha agravado por la caída de los precios petroleros.
Ramos dijo que esta vez Istúriz debe comparecer ante los diputados para dar “la información que se requiere sobre la solicitud de prórroga del decreto de emergencias que nos presentó el presidente”.
“Habría que evaluar lo que ha hecho el Gobierno, por qué sigue el desabastecimiento, las colas, la inflación, en fin, ya llevan 60 días con el decreto”, señaló.
Recalcó que “tiene que dar detalles sobre los alcances o qué se ha obtenido con estos 60 días que ha tenido vigencia el decreto. El no concurrir es porque no quieren dar información, el Ejecutivo debe informar sobre su propia exigencia”.
Maduro emitió el decreto para poner en marcha una serie de medidas que incluyen el aumento de los controles a la economía, uso de recursos sin supervisión de los diputados y lo que la oposición llamó un “corralito” bancario, que pone límites a los ingresos y retiros bancarios.
Ramos dijo que era “contradictorio” que Maduro recurriera a la Asamblea si había rechazado sistemáticamente las decisiones de la Cámara, que se instaló con mayoría opositora el pasado cinco de enero.