Clemente Zapata M.
Con las nuevas disposiciones de fiscalización y transparencia a las que están sujetos los gobiernos estatales y municipales, las autoridades incumplidas sí podrán ir a la cárcel y ser sancionados administrativamente, afirmo el diputado federal Miguel González Salum.
Con la entrada en vigor de estas normas, que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión, se busca optimizar el manejo del erario público por parte de las administraciones, lo cual redundará en beneficios para la población al tener garantía del buen manejo presupuestal.
Señaló que tiene tres objetivos primordiales la mayor vigilancia de las administraciones; limitar la deuda de estados y municipios; segundo, establecer reglas elementales de disciplinas financieras y transparentar las deudas.
Destacó el legislador por Tamaulipas el sistema de alertas, que permitirá establecer cuando una entidad federativa o municipios enfrente un endeudamiento riesgoso, moderado o sano y tomar las medidas conducentes.
La ley, aprobada por senadores y diputados es muy clara, fue una iniciativa del Ejecutivo federal aprobada por Congreso de la Unión y será efectiva porque establece precisamente ese sistema de alertas, insistió.
“También establece un registro que permite que el ciudadano pueda tener acceso vía Internet a la Secretaría de Hacienda para conocer el crédito que se contrató, el monto, el plazo, tasas de interés, la institución con la que se contrajo, además que no permitirá que aumente más del tres por ciento el gastos corriente año con año”, explicó.
Se establecen reglas muy claras donde al mismo tiempo determina capítulos de sanciones administrativas y penales para aquellos funcionarios que no cumplan con esta nueva ley.
