CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (Notimex)
El senador panista Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro urgió a abatir el desvío de recursos por parte de los servidores públicos, que contratan “aviadores” que no generan ningún beneficio y sólo representan un costo para el Estado.
Adelantó que propondrá reformas al Artículo 215 del Código Penal Federal para endurecer las sanciones para quienes contraten a personas en esa modalidad y quienes acepten esos puestos.
Las fracciones X a XII de ese apartado prevén conductas relativas a la contratación de personas que no son aptas para el servicio público o que no realizarán las actividades por las que son contratados.
De igual forma, una sanción tanto para el servidor público que los contrate como para quien acepte el nombramiento sin que desempeñe el empleo.
Sin embargo, dijo Fernández Sánchez Navarro, se ha considerado que esa medida no ha resultado suficiente para disminuir tales conductas, pues frecuentemente resaltan noticias que denotan la existencia de “aviadores” en distintas instancias federales y locales.
De ahí que se propone “elevar la pena para quedar de dos a nueve años de prisión, de 70 hasta 400 días de multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.
El senador del Partido Acción Nacional (PAN) expuso que esas personas ocupan lugares que podrían ser cubiertos por trabajadores con el perfil requerido.
O bien, en caso de no ser necesarias podrían ser eliminadas como parte de los esquemas de reducción de gasto, destinando dichos recursos a otros rubros que dentro del aparato de gobierno reflejen verdaderos beneficios.
Argumentó que los estados democráticos se caracterizan por la transparencia y la rendición de cuentas de los gobernantes frente a los gobernados, en específico ante el uso de los recursos públicos que implica su buen manejo.
“Esto involucra a todos los servidores públicos de los diversos órdenes de gobierno, quienes tienen la obligación de conducirse en sus funciones con estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia”.
El representante popular hizo énfasis en la necesidad de crear un mecanismo eficiente en la lucha del desvío de recursos públicos.
Es decir, “no basta que las reglamentaciones administrativas lo contengan, sino más bien una estricta regulación penal que permita su eficacia en el combate contra los servidores públicos que abusan de su autoridad para desviar los recursos públicos”, remarcó.
