CARACAS, Venezuela, abril 2 (Notimex)
Un abogado constitucionalista local denuncia que la llamada revolución socialista del siglo XXI “propició la entrada a Venezuela de las más terribles plagas económicas, las cuales en su conjunto conforman hoy una grave crisis”.
“Alta inflación, escasez de productos, cierre de empresas y elevadas tasas de desempleo, han sido el balance en rojo de este nefasto modelo político”, precisó Ramón Sánchez, ex magistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Sánchez, en conversación con Notimex, denunció que en su rol de empresario el gobierno viola la Constitución Nacional en su artículo 299, el cual establece que “el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional”.
“En la Venezuela de hoy el único empresario es el Gobierno y con su política de aislamiento económico y controles absurdos de los precios, ha impedido que otros lo sean, irrespetando la libertad de empresa, la libre competencia y la propiedad privada”, destacó.
Resaltó que la destrucción del sector privado de la economía causó no solo una alarmante escasez de alimentos jamás vista en el país, sino además un alto desempleo, una inflación descomunal y un acentuado empobrecimiento de la población.
“En su papel de empresario todopoderoso, el Gobierno irrespeta las garantías jurídico-económicas de los particulares y los principios de la economía de mercado. Su pésima actuación queda evidenciada con la exigua o nula producción de las empresas que administra”.
Sánchez señaló que en su actuación confunde deliberadamente los conceptos de interés público, utilidad pública y servicio público, afectándose toda la actividad económica de los particulares mediante la aplicación errada de los mismos.
“De esta forma el Gobierno favorece la inversión en sus empresas y da ventajas económicas a sus socios, tanto tributarias como de acceso a las divisas, en tanto que niega todo ello al sector productivo privado, el cual apenas sobrevive”, enfatizó.
Sánchez agregó que con esta errática política irrespetuosa de las garantías y derechos constitucionales se ha avanzado mucho en el cambio de un modelo económico progresista y democrático por otro de retroceso, escasez y empobrecimiento generalizado.
“Las consecuencias desastrosas que para la economía del país ha representado la implantación de este modelo político que no encuentra cabida en el texto constitucional, desmejoraron las condiciones de vida del venezolano y están a la vista de todos”, sentenció.
