CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (Notimex)
Los ponentes en el quinto y último foro sobre el uso de la marihuana, organizado por el gobierno federal, se manifestaron de manera diferenciada sobre la regularización, el cultivo, la venta y el consumo de esa hierba en México.
En la mesa de debate que abordó el tema de salud, la directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos (NIDA por su sigla en inglés), Nora Volkow, advirtió que el consumo de marihuana afecta el desarrollo del cerebro humano.
A través de un video, la especialista manifestó que la edad que más afectaciones causa su consumo es de 12 a 17 años de edad y se encuentra asociado al incremento en la ausencia escolar de los alumnos.
Nueve por ciento de los que fuman la planta se vuelven adictos, 16 por ciento comienzan a consumirla en la adolescencia y 50 por ciento la usan regularmente, abundó.
También comentó que los que consumen marihuana antes de los 18 años y lo hacen regularmente, disminuyen su coeficiente intelectual y en ellos se produce un déficit cognitivo.
Del mismo modo, los que fuman la hierba pueden tener ciertas repercusiones en áreas como la memoria y existe el riesgo de que su consumo tenga vinculación con enfermedades como la esquizofrenia.
Por ello consideró que la no legalización es la mejor medida que puede tomar un Estado como prevención, ante los efectos adversos que produce la cannabis.
En la mesa de Ética y Derechos Humanos, Fernando Gómez Mont dijo a su vez que hay razones sobre las cuales se asocia que la regulación distinta de la marihuana va a tener efectos en los temas de seguridad y sobre todo de derechos humanos, entre ellos las excarcelaciones.
El enfoque distinto también implicará un encuentro diferente entre las fuerzas de seguridad y las organizaciones criminales.
El ex secretario de Gobernación agregó que “hay muchas expectativas alrededor del tema, algunas exageradas ya que ésta es una cuestión que solo en el tiempo se puede ir perfilando sus beneficios y mitigando los males que está llamada a evitar”.
Gómez Mont Urueta resaltó que un tema en el que hay una enorme ambigüedad social, en los órdenes ético y político, es “poner a nuestras fuerzas de seguridad a respaldar una prohibición que no tiene un respaldo social y político claro, ya que es un tema que afecta a la ética de nuestras fuerzas de seguridad”.
Además “las ponen a regular zonas grises donde muchos entran en el riesgo de la corrupción, las ponen a asumir riesgos personales, su intervención las genera donde no hay un respaldo democrático claro de la sociedad para sostener esas actuaciones”.
Aclaró que nadie cuestiona la necesidad de reforzar la seguridad democrática de este país para defender a los débiles de la violencia, de los agresivos, de los secuestros, de las extorsiones, de los homicidios.
“Aquí hay parte de la violencia de estas organizaciones que solo puede ser tolerada y moderada por la fuerza del Estado y uno de los deberes esenciales de un Estado moderno es proteger a sus ciudadanos y a los más vulnerables, esa es la lógica de la democracia”, dijo.
Por eso advirtió que “cuando sometemos esta decisión a un Estado ambivalente, se es injusto con nuestras fuerzas de seguridad que toman riesgos todos los días para respaldar el Estado de derecho”.
Agregó que si al final el respeto de los derechos humanos pasa por un Estado de derecho que abata corrupción, violencia e iniquidad, éste debe pasar por un esquema de visiones claras y con un amplio respaldo social y político, concluyó.
