CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (AP)
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó el martes un estudio sobre las cárceles del país que muestra que, en su mayoría, presentan deficiencias graves que van desde sobrepoblación y autogobierno de los presos a la falta de funcionarios de seguridad, la existencia de privilegios y las malas condiciones de salud, higiene y alimentos para los presos.
La entidad gubernamental revisó 130 prisiones estatales, 21 centros federales de máxima seguridad y tres prisiones militares y localizó problemas similares en todos los penales.
En el caso de los centros estatales, el estudio indica que 95 de los 130 carecen de personal de custodia suficiente y hay sobrepoblación en 71 de ellos, el mismo número en el que se detectan unas condiciones de autogobierno de los presos.
Para la Comisión la sobrepoblación es uno de los mayores problemas, porque desencadena que se pierda el esquema de seguridad, haya brotes de violencia, haya mayores carencias de salud y alimentos y crezca el autogobierno.
Quizás por eso la existencia de otro problema importante, los privilegios, se da en un número similar de centros, en 73.
Estos privilegios suponen, por ejemplo, que un interno disfrute de dos celdas mientras 30 personas se hacinan en una sola que, además, está habilitada para albergar a cuatro. O que algunos internos tengan celulares, televisiones o armas, pese a ser objetos prohibidos tras las rejas.
Otro de los grandes problemas es la falta de clasificación de los reos, es decir, que no se separe a los acusados de delitos comunes de los del crimen organizado o que las mujeres, en muchos casos, no cuenten con cárceles solo para ellas, algo que debería corregirse para que en cada estado hubiera una prisión femenil.
Para el titular de la Comisión, Luis Raúl González Pérez, este diagnóstico penitenciario correspondiente a 2015 presenta una mejora “marginal” con respecto al de años previos y por ello urgió a las autoridades a que tomen medidas en lugar de esperar a que ocurran “hechos graves”, como pasó en febrero de este año cuando 49 internos murieron en una cárcel de Monterrey.
México cuenta con una población carcelaria de unos 247 mil presos pero sólo las cárceles de un estado, Guanajuato, en el centro del país, están en buenas condiciones. El resto tienen problemas, según el estudio de la Comisión, y en 13 estados las carencias se vuelven graves y urgentes.
Con respecto a los penales de máxima seguridad, el informe indica que 16 de los 21 tienen carencias de personal de custodia, en ocho hay carencias para prevenir la seguridad, y en seis hay sobrepoblación, entre ellos el del Altiplano, donde está recluido el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán. Esta cárcel tiene capacidad para 836 internos y tiene mil 18.
Para Ruth Villanueva, encargada del estudio, cuando un centro federal tiene sobrepoblación “lo primero que hace es perder su condición de máxima seguridad”. Por eso dijo que se insistió en ese problema en esa cárcel en concreto y que, en parte, ya fue atendido.
En ese penal, que es también de donde Guzmán se escapó en julio de 2015, se reforzaron las medidas de seguridad tras la huida y aunque “El Chapo” se quejó de malas condiciones de reclusión, las autoridades determinaron que eran las necesarias, aunque tras las quejas sí modificaron algunas medidas que, por ejemplo, le impedían dormir.
El Ombudsman urgió a las autoridades a emitir una ley de ejecución penal con un perfil de derechos humanos que propicie la reinserción y recordó los problemas para fomentar actividades laborales y para luchar contra las adicciones en la mayoría de lugares.
