WASHINGTON, E. U., abril 17 (Notimex)
El futuro migratorio de casi cinco millones de indocumentados, la mayoría mexicanos, será analizado este lunes por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos con motivo de la disputa por las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama.
Con sólo ocho de sus nueve magistrados, debido al deceso del juez Antonin Scalia, la más alta instancia judicial del país escuchará los argumentos orales sobre la ampliación de Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) y su versión para adultos DAPA.
En noviembre de 2014, Obama autorizó ambos programas, pero 26 estados encabezados por Texas impugnaron judicialmente las acciones del presidente bajo el argumento de que implicaban gastos para los estados, a raíz de la necesidad de expedir licencias de conducir.
Como reacción, el juez Andrew Hanen de Texas puso en suspenso las acciones de Obama, un fallo que fue ratificado meses más adelante por la Corte de Apelaciones del Quinto Distrito de Nueva Orleans, por lo que el Departamento de Justicia apeló ante la Corte Suprema.
La batalla legal en el máximo tribunal del país confrontará al abogado de la nación, Donald Verrilli Jr., un experimentado litigante egresado de las universidades de Columbia y Yale, y quien ganó el caso de Obamacare, con el abogado de Texas, Scott Keller.
Uno de los principales argumentos de Verrilli Jr. será que virtualmente todos los presidentes que antecedieron a Obama han adoptado órdenes que suponen el uso del discrecional poder ejecutivo en materia migratoria.
El presidente Bill Clinton autorizó por acción ejecutiva una protección contra la deportación de haitianos, su antecesor George HW. Bush hizo lo mismo con los salvadoreños, además de hacer extensiva la amnistía migratoria de 1986 a los cónyuges de quienes legalizaron su situación.
En 1986 el entonces mandatario Ronald Reagan protegió de la deportación a los hijos de los padres elegibles a la reforma migratoria de ese año y James Carter permitió la permanencia en Estados Unidos de la mayoría de marielitos, los cubanos que emigraron desde Puerto Mariel.
En contraste, los estados encabezados por Texas disputarán la constitucionalidad de las órdenes de Obama argumentando que infringen el ámbito de la acción estatal, al forzarlos a erogar recursos públicos para expedir documentos de identidad.
Uno de los temas que deberá analizar la corte es si los estados tienen “standing” o jurisdicción para disputar el tema ante el máximo tribunal del país, pues bajo la ley estadounidense debe decidirse si el gasto en los documentos es suficiente para justificar la demanda.
El tribunal agregó un tema que no estaba incluido en la demanda original y pidió a las partes argumentar en favor o en contra de si las órdenes del presidente violan la cláusula de “encargo” de la Constitución Política de Estados Unidos.
La Cláusula Constitucional se refiere al hecho de que el presidente debe “encargarse” de que las leyes del país sean “ejecutadas fielmente”.
En las tribunas de la Corte Suprema estarán sentados algunos de los principales aliados políticos de Obama en el tema migratorio, incluidos líderes sindicales y legisladores demócratas, en especial la bancada hispana de la Cámara de Representantes.
“La bancada legislativa hispana sigue optimista de que la Corte Suprema dictaminará por el lado correcto de la historia y de la Constitución”, dijo la presidenta del grupo, la representante mexicano-americana de California, Linda Sánchez.
La ampliación del DACA podría beneficiar a unos 300 mil jóvenes indocumentados que llegaron siendo niños –en adición a unos 700 mil que ya recibieron suspensión de deportaciones y permisos de trabajo.
Por su parte, el DAPA beneficiará a más de cuatro millones de padres indocumentados, la mayoría mexicanos, cuyos hijos son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.
Se trata del primer caso migratorio ante la Corte Suprema de Justicia tras el deceso del magistrado conservador Antonin Scalia, por lo que el tribunal sólo cuenta con ocho magistrados.
