CIUDAD DE MEXICO, abril 14 (AP)
Los expertos internacionales que investigaron la desaparición de 43 estudiantes en México advirtieron evidencias de tortura contra los acusados clave para sostener la versión oficial de los hechos y denunciaron que sus labores fueron obstaculizadas por las autoridades, lo cual les impidió avanzar en el esclarecimiento de un caso que ha irritado dentro y fuera del país.
En su segundo y último reporte divulgado este domingo, el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que ha habido una falta de voluntad para investigar la posible responsabilidad de altos funcionarios y de miembros del ejército, además de un intento del Gobierno de sostener la tesis de que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron quemados en un basurero, a pesar de ser cuestionada desde hace meses por peritos independientes.
“Es claro que hubo un rechazo latente a versiones distintas a la incineración de los normalistas en el basurero de Cocula, y que se hicieron diversos intentos de regresar a dicho escenario, sin dar curso a la investigación sobre otras policías o agentes del Estado”, señaló el llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que pidió a las autoridades deben continuar la búsqueda de los estudiantes, porque hasta ahora siguen desaparecidos y no hay certeza sobre su destino.
Aunque los expertos ya habían dicho en su primer reporte que había indicios de posible tortura, informaron que se enfocaron en los casos de 17 personas relevantes para la investigación, incluidos cinco presuntos sicarios que declararon haber testificado la muerte y quema de los jóvenes en el basurero.
A partir del análisis de reportes médicos hechos por distintas autoridades mexicanas a los arrestados, el informe señala que los 17 mostraron nuevas lesiones durante el periodo de detención, lo cual muestra “indicios suficientes de que los detenidos podrían haber sufrido tratos crueles, inhumanos o degradantes o tortura”, lo cual podría afectar la investigación.
Por ejemplo, el primer reporte médico tras la detención de Agustín García, uno de los supuestos sicarios que declaró sobre la quema de los estudiantes en el basurero, señaló que tenía una sola lesión. Horas después, ya bajo custodia de las autoridades, un segundo reporte médico encontró 30 lesiones.
Los estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 tras ser atacados y detenidos por policías municipales y presuntos sicarios en la ciudad de Iguala, al sur de México. Escasos cuatro meses después y tras la captura de varios sospechosos, las autoridades dijeron que habían dado con “la verdad histórica”: que los agentes entregaron a los jóvenes a miembros del cártel de los Guerreros Unidos, quienes los mataron, calcinaron en un basurero y los lanzaron en bolsas a un río cercano.
Al paso de los meses, sin embargo, los expertos de la CIDH y forenses argentinos que acompañan a los padres de los estudiantes señalaron que no hay evidencias contundentes que sustenten esa versión, y han cuestionado que esa teoría se base sobre todo en declaraciones de algunos de los detenidos, incluidos aquellos que en este último reporte habrían sido torturados.
“El caso de Ayotzinapa ha supuesto para el país una encrucijada de la cual tiene que salir y pasa por el fortalecimiento del estado de derecho”, señaló el abogado colombiano Alejandro Valencia, uno de los expertos.
James Cavallaro, presidente de la CIDH, lamentó el domingo que el gobierno no aceptara que se diera una nueva prórroga para que permaneciera el grupo más tiempo en México, como pidieron los padres.
