CIUDAD DE MÉXICO, abril 25 (AP)
Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos hace más de año y medio en el sur de México reclamaron el lunes a las autoridades haberles mentido, luego de que un informe de expertos internacionales concluyó que los testigos claves de la versión gubernamental habrían sido torturados y que hubo acciones oficiales sin notificar en la investigación.
Un día después de divulgarse el reporte, madres y padres exigieron al presidente Enrique Peña Nieto que su gobierno siga las líneas de investigación sugeridas por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e investigar al jefe de la Procuraduría General de la República (PGR) de la indagatoria ante la posibilidad de que haya “sembrado” evidencias.
Los expertos, quienes concluyen esta semana sus labores para ayudar en la investigación del caso, también denunciaron que sus labores fueron obstaculizadas por las autoridades, quienes parecen empeñadas en sostener la teoría oficial de que los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron quemados en un basurero, algo que ha sido rechazado desde hace meses por peritos independientes.
El trabajo del grupo “nos ha demostrado las mentiras en que ha caído la PGR”, dijo Mario César González, padre de César Manuel, uno de los alumnos desaparecidos.
“El gobierno desde el principio nos empezó a mentir”, dijo Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, un día antes de que se cumpla un año y siete meses de la desaparición.
Los estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 tras ser atacados y detenidos por policías municipales y presuntos sicarios en la ciudad de Iguala, al sur de México. La Procuraduría mexicana ha sostenido desde noviembre de ese año que los agentes entregaron a los jóvenes a miembros del cártel de los Guerreros Unidos, quienes los mataron, calcinaron en un basurero y los lanzaron en bolsas a un río cercano.
Pero tanto forenses argentinos, como un perito que hizo un estudio para los expertos de la Comisión Interamericana, han concluido que no hay evidencias científicas de que los estudiantes hayan sido quemados en el lugar.
Además, los expertos divulgaron la víspera un video en el que se ve al director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, en la ribera del río donde se habrían encontrado supuestos restos que luego de estudios de ADN dieron positivo a uno de los alumnos.
Sin embargo, la grabación se hizo un día antes de la fecha que la autoridad dijo que se habrían encontrado los restos, lo cual ha llevado a algunos, incluidos los padres, a creer que eso indicaría posible alteración de evidencias.
La PGR ha dicho que investiga el caso y en su momento dará información al respecto.
“Ellos fueron los que sembraron las evidencias del río San Juan”, dijo González. “Queremos que se cese a Tomás Zerón y se le abra una investigación”.
Los expertos también señalaron que al menos 17 de los más de 120 detenidos habrían sido torturados, incluidos los cinco supuestos sicarios que declararon sobre la presunta quema de los estudiantes en el basurero.
“La tortura pone en riesgo la verdad”, dijo Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el grupo que acompaña jurídicamente a los padres.
Los estándares internacionales señalan que las confesiones hechas bajo tortura no tienen validez jurídica.
La Procuraduría ha negado que haya obstruido el trabajo de los expertos y dijo que investiga cosas puntuales como las denuncias de tortura.
El subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos, dijo la víspera que de hecho indagan la posible tortura contra 31 de los detenidos.
Los expertos dijeron que no debe cerrarse la posibilidad de que la razón detrás de las desapariciones esté en el posible tráfico de heroína de Iguala hacia Chicago, en Estados Unidos, algo que ya habían planteado desde su anterior reporte, pero que aseguraron que no se avanzó en nada hasta ahora.
