Rogelio Rodríguez Mendoza
La justicia laboral en Tamaulipas sigue siendo lenta y costosa. A pesar de los esfuerzos institucionales para darle agilidad a los procedimientos, la resolución de un juicio está requiriendo de dos a tres años.
Abogados y funcionarios consultados al respecto admiten que la reforma a la Ley Federal del Trabajo, del 30 de noviembre del 2012, vino a flexibilizar y agilizar el juicio, además de acabar con añejas prácticas dilatorias, pero con todo y eso la tardanza por parte de los tribunales para dirimir un litigio es enorme.
Felipe López, abogado especializado en derecho laboral, sostiene que son dos los grandes problemas que hacen lenta la justicia laboral: uno, la insuficiencia de personal, y dos, los bajos salarios que se pagan al personal de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
“La Junta de Conciliación está tardando un promedio de un año cuatro meses para emitir un laudo, pero luego hay que sumarle al menos ocho meses en el Tribunal Colegiado, porque invariablemente una de las dos partes, a quien no le favorece el fallo, se va al amparo. Entonces tenemos que un asunto puede tardar de dos a tres años, si bien te va, porque a veces se promueven hasta dos amparos”, señala.
Dice que la lentitud ocurre desde el momento en que el trabajador y su abogado acuden a presentar la demanda laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, porque el emplazamiento tarda hasta dos meses por lo saturado de la agenda, lo cual encarece los juicios para las partes e incluso para el Gobierno.
“Yo llego ahorita con la demanda, me la reciben, pero me acuerdan el emplazamiento hasta junio porque antes no hay espacio por la saturación de la agenda. Y todavía hay que esperar que el actuario cumpla el emplazamiento, o que no se equivoque porque si eso sucede hay que reprogramar la diligencia”, detalló.
Esos periodos podrían acortarse, asegura, si el Estado incrementara el número de actuarios y auxiliares en las juntas porque se daría celeridad a los procedimientos.
“El asunto está en que no lo hacen. Y no solo no contratan más personal sino que tampoco les mejoran los salarios. ¿Cuál es la consecuencia? Que los auxiliares te atienden de mala forma, y les doy la razón porque están saturados de trabajo, pero además abre la puerta a la corrupción”, sostiene el litigante.
López acepta que la reforma a la Ley Federal del Trabajo vino a agilizar el procedimiento, aunque “en muy poco”.
Uno de los logros que se atribuyen a la reforma laboral fue haber acotado a doce meses el periodo de tiempo del juicio en el que el trabajador puede cobrar salarios caídos, lo que evitó que muchos asuntos fueran prolongados deliberadamente por el demandante y su abogado.
“Sin embargo, esa dilatación deliberada sigue ocurriendo aunque ahora por el demandado, porque finalmente sabe que ya su obligación del pago de salarios caídos es a solamente un año”, explica.
Por su parte, el abogado Erasmo Ávila, coincide en que el “talón de Aquiles” de la justicia laboral es la insuficiencia de personal.
“De nada sirve que se haya modificado la Ley Federal del Trabajo si no hay el recurso humano suficiente para que las Juntas de Conciliación y Arbitraje agilicen la resolución de los juicios”, indicó.
Incluso, añade, esa falta de personal la padecen también los Tribunales Colegiados de Circuito, porque para resolver un amparo directo contra un laudo de las Juntas de Conciliación y Arbitraje están tardando hasta ocho meses.
“Cada juicio es diferente, pero el promedio de tiempo de emisión de un laudo es de un año y medio más otros ocho meses que requiere el trámite de un amparo, entonces estamos hablando que obtener justicia laboral te lleva entre dos y tres años”, refiere.
Admitió que antes de la reforma laboral los juicios tardaban hasta cuatro años y medio, lo cual ya es un avance, “pero dos o tres años sigue siendo demasiado tiempo. Los procedimientos todavía son larguísimos”.
Ávila asegura que en todos los años que lleva litigando la materia laboral, nunca ha atestiguado algún caso de corrupción en el sistema de justicia laboral.
“Creo que ese no es el problema. Nunca me ha tocado dar algo a cambio de agilizar un expediente. El problema está en la lentitud del procedimiento”, mencionó.
Admite como positivo que la reforma laboral del 2012 haya limitado a doce meses el pago de salarios caídos, porque era una práctica viciada que muchos trabajadores y sus abogados prolongarán los juicios por razones económicas.
El litigante se sincera y admite que en la lentitud de los juicios laborales muchas veces también tiene culpa el abogado, porque debido a la saturación de su agenda no impulsa debidamente el procedimiento.
“Hay ocasiones en que uno se la pasa todo el día en las Juntas de Conciliación y Arbitraje desahogando audiencias, por lo que eso te obliga a no atender debidamente los asuntos o a no darles celeridad”.
VAMOS BIEN
Por su parte, Antonio Carlos Salazar Mercado, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, afirma que los avances en materia de justicia laboral son importantes.
Tamaulipas tiene once Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje y una Local. Esta última en la Capital de estado.
De las primeras, dos están en Reynosa, una en Nuevo Laredo, una en Matamoros, cuatro en Victoria, una en Mante y dos en Tampico.
“Cuando inició la actual administración estatal había 38 mil expedientes en trámite y ahora solo tenemos alrededor de seis mil. Prácticamente no tenemos rezago”, señala.
Explica que en ello ha sido fundamental el uso de la conciliación, porque miles de asuntos han sido resueltos por esa vía.
“Cada mes realizamos jornadas de conciliación para tratar de resolver los conflictos sin que lleguen a etapa de juicio. Eso nos ha servido bastante”, menciona.
Asegura que también se han acortado los tiempos de emisión del laudo, que antes era de hasta un año y medio y ahora es de cuatro a cinco meses, y rechaza con ello que la duración de los juicios en las Juntas de Conciliación y Arbitraje sea de hasta un año y medio, como sostienen los abogados litigantes.
“La responsabilidad de la Junta de Conciliación y Arbitraje termina con la emisión del laudo, lo cual ocurre en un promedio de cuatro a cinco meses, pero obviamente que en la mayoría de los juicios una de las partes se va al amparo ante el Tribunal Colegiado y ahí es donde se prolonga la solución del asunto”, señaló.
De hecho, Mercado admite la necesidad de modificar la Ley de Amparo para darle más agilidad a las decisiones de la justicia federal, toda vez que muchos asuntos son devueltos a las juntas para que subsanen fallas de procedimiento que posteriormente son nuevamente materia de amparo.
“Si se cambiaran las reglas de valoración por parte de los magistrados habría un gran ahorro de tiempo en la resolución de los amparos”, refiere.
