Una mayor colaboración internacional e interinstitucional de los tres órdenes de gobierno así como campañas de difusión y generación de empleo contra la trata de personas, la migración y la prostitución de extranjeros son algunas de las conclusiones a las que llegaron especialistas asistentes al II Foro Binacional Sobre Trata de Personas, Migración y Derechos Humanos celebrado en la UAT.
La Máxima Casa de Estudios de Tamaulipas fue la sede de estas acciones en las que se busca lograr importantes propuestas para proteger los derechos humanos de los migrantes, prevenir la trata de personas, así como establecer programas y políticas públicas para una mayor atención de las personas.
La doctora Karla Andrade Rubio catedrática de la Universidad Autónoma de Tamaulipas e investigadora del Sistema Nacional de Investigación señaló que la trata de personas y la migración indocumentada son dos fenómenos diferenciados, que violan los derechos humanos y de los Estados.
“De modo que muchos migrantes víctimas de trata son criminalizados al ser etiquetados por autoridades como migrantes indocumentados. La trata de migrantes indocumentados y la migración laboral indocumentada voluntaria implican la entrada ilegal a un país pero sus connotaciones son diferentes”, dijo.
La investigadora comentó que la dificultad para establecer un límite preciso que separe el concepto de migración indocumentada del concepto de trata de personas hace que los Estados traten a las personas víctimas como si fueran migrantes laborales.
“En este sentido, los Estados son reticentes a reconocer los derechos que otorgan los acuerdos internacionales de las personas víctimas de trata, Frecuentemente la Ley penaliza a los migrantes objeto de trata porque entraron ilegalmente en el país”, explicó.
Alegó que mucho de los empleadores sacan ventaja de la vulnerabilidad que padecen los migrantes que no pueden acreditar su estancia legal en el país para someterles a condiciones socio-laborales que se acercan a la trata de personas.
En este evento participan especialistas de orden nacional e internacional que buscan aportar ideas y proyectos que permitan garantizar la protección de las garantías fundamentales de las personas.
