CIUDAD DE MÉXICO, mayo 1 (Notimex)
Dependencias del Gobierno federal, organismo de derechos humanos e integrantes del Consejo Consultivo, reconocieron la incansable y comprometida labor de las personas que con su trabajo contribuyen a la consolidación de la democracia y del Estado de derecho, mediante la defensa de las libertades fundamentales y los derechos humanos.
Además, a través de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobaron el diseño y la implementación de una medida de prevención consistente en una campaña de reconocimiento público a la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Durante la trigésima quinta sesión ordinaria de la Junta destacaron que la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales implica la adopción, por parte del Estado, de medidas de diversa índole que permitan que toda persona sometida a su jurisdicción pueda ejercerlos a plenitud.
Precisaron que una de estas medidas es el reconocimiento público a la labor de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas como una acción que confirma de manera clara e inequívoca el respaldo de la Junta de Gobierno del Mecanismo a la protección más amplia de estos sectores de la población.
Ello al garantizar el pleno ejercicio de sus funciones, y reconocer sus contribuciones para toda sociedad democrática.
En un comunicado, resaltaron asimismo el deber de las autoridades locales, estatales y municipales de reconocer las labores de estos actores y de asegurar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Durante la sesión se dejó claro que quienes se dedican a esta labor son un actor fundamental para la denuncia -pública y ante las instancias competentes- de las violaciones a los derechos humanos que se suscitan en los diferentes ámbitos de Gobierno.
Además, para dar acompañamiento a las víctimas y en la presentación de propuestas en materia de políticas públicas y normatividad que permitan superar los factores que limitan el respeto y garantía de los derechos humanos.
“Este impulso ciudadano es fundamental para la construcción de sociedades más justas en las cuál se garanticen los derechos humanos y generen una mejor calidad de vida para todas las personas”, destacaron los integrantes de la Junta de Gobierno.
La Junta de Gobierno, máxima autoridad de este órgano, está conformada por funcionarios de alto nivel de las secretarías de Gobernación (Segob), Relaciones Exteriores (SRE), de la Procuraduría General de la República (PGR).
Así como de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y cuatro representantes del Consejo Consultivo elegidos de entre sus integrantes.
