CIUDAD DE MÉXICO, mayo 2 (Agencias)
Ante las numerosas contradicciones y elementos que ponen en duda la llamada “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa, es necesario que la Procuraduría General de la República (PGR) cambie su versión pública sobre los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
Se requiere que la nueva narrativa reconozca que todavía no existe certeza sobre el destino de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, advirtió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“En abril de 2016 es momento de que la PGR cambie su versión pública sobre los hechos e incorpore los hallazgos que expliquen tanto: a) las motivaciones de los normalistas, b) el desarrollo de los hechos, y c) la falta de claridad sobre el destino de los normalistas. Es decir, la realidad de por qué fueron los normalistas a Iguala, la no evidencia de que estuvieran infiltrados ni fueran confundidos por las autoridades con el narcotráfico, ni atacaron el acto político que había terminado cuando llegaron y otras circunstancias señaladas como origen del ataque”, expone.
En el documento con 20 recomendaciones que los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregaron a la titular de la PGR, Arely Gómez González, el pasado viernes 29 de abril -a unas horas de que concluyera su mandato en México-, el GIEI explica que uno de los principales elementos para cambiar la narrativa del caso Ayotzinapa se deriva de que sólo se ha logrado identificar los restos óseos de uno de los normalistas, Alexander Mora Venancio.
Según lo indagado y explicado por el GIEI, el teléfono celular de Mora Venancio fue utilizado a las 1:16 horas del 27 de septiembre de 2014, lo que representa un indicio de que a esa hora se encontraba vivo, es un elemento de prueba que contradice la teoría oficial de que todos los jóvenes habían sido asesinados e incinerados junto con todas sus pertenencias horas antes en el basurero de Cocula.
Las 20 recomendaciones emitidas por el GIEI a la PGR confirman la insistencia del grupo para que se realicen nuevas entrevistas a los militares del 27 Batallón de Infantería que estuvieron presentes en Iguala el día de los hechos y en que se indague el papel que desempeñaron los elementos de la Policía Federal, que realizaron retenes y cortes viales para encapsular las salidas y entradas a ese municipio de Guerrero, en un radio de 80 kilómetros.
Ángela Buitrago, Alejandro Valencia, Francisco Cox y Carlos Beristáin solicitaron a la PGR que se investiguen las diligencias realizadas por personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia (SEIDO) en inmuebles y escenas del crimen que estaban bajo resguardo de la Oficina para la Investigación del Caso Iguala, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Prevención del Delito.
Otra de sus recomendaciones es que la dependencia a cargo de Arely Gómez realice una investigación integral del caso, unificando las causas penales que se siguen en contra de todos los involucrados y evitando que se siga fragmentando la averiguación previa 1/2015 sobre el ataque a los estudiantes normalistas la noche del 26 de septiembre y la posterior desaparición de los 43 normalistas la madrugada del 27 de septiembre, ambas de 2014.
El propósito es que los fiscales a cargo de la indagatoria tengan acceso al contexto y las conexiones de todos los delitos cometidos alrededor del caso Ayotzinapa, puesto que ambos elementos se consideran claves “para determinar la responsabilidad y modus operandi” de los presuntos responsables ligados al grupo Guerreros Unidos, así como cesar las confrontaciones entre la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Seido por el rumbo que siguen las investigaciones.
“Es necesario que la información relativa a esta organización criminal que sea relevante para el caso de los 43 sea agregada también a la investigación a cargo de la Oficina del Caso Iguala, e integrada en la investigación 1-2015. Se deben evitar interferencias de SEIDO en la investigación, que debe ser dirigida únicamente por parte de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, siguiendo los Acuerdos de Washington de octubre de 2015 ante la CIDH”, advirtió el GIEI.
Además, solicitan integrar a la misma averiguación previa todo lo narrado por familiares e integrantes del equipo de futbol Avispones, quienes han señalado en sus declaraciones ministeriales la existencia de un cerco policiaco para entrar y salir de Iguala, Guerrero, el día de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
Horas antes de que expirara su mandato, los expertos de la CIDH añadieron que la PGR también debe investigar la posible existencia de otros delitos y violaciones graves a los derechos humanos en agravio de víctimas como son las desapariciones forzadas de los 43 jóvenes, los homicidios de las seis víctimas acaecidas el día 26 de septiembre y la tentativa de homicidio en contra de los heridos graves.
Solicitaron que se investiguen los delitos de encubrimiento, obstrucción a la justicia, abuso de autoridad, tortura, uso excesivo de la fuerza y las lesiones y amenazas que sufrieron los normalistas sobrevivientes. “Esto significa que se deben ampliar los cargos en contra de los presuntos responsables, y, por ejemplo, integrar los resultados de la autopsia de Julio César Mondragón a la tipificación de su caso”.
Pidió ampliar las declaraciones de las autoridades políticas del estado de Guerrero que estaban en funciones el día de los hechos, las del presidente municipal, el director y subdirector de la policía de Huitzuco, y las de todos aquellos servidores públicos de la Fiscalía de Guerrero que se encontraban laborando en barandillas la noche de los hechos.
