Alfredo Guevara
El uso de una tarjeta electrónica, con la que se pagaría la tarifa de estudiante, será puesta a consideración de los concesionarios y permisionarios del transporte público en esta Capital, donde se espera por lo menos dejar encaminado el proyecto en esta administración estatal.
En un primer encuentro entre prestadores del servicio y personal de la Subsecretaría del Transporte, se hará un análisis del costo que implicará la venta de la tarjeta, como el uso de lectores que deberán traer las unidades dedicadas a esta actividad, confirmó Rene Salinas Treviño.
El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) confirmó que si los concesionarios y permisionarios no están de acuerdo en invertir para la compra de los equipos lectores para cada una de las unidades prestadoras del servicio, el uso de la tarjeta fracasará.
“De nada va a servir que se acuerde la venta de la tarjeta de estudiante, si puede haber unidades de transporte que no porten el equipo lector, de tal manera que a este proyecto le debe entrar todos los que se dedican a esta actividad, para que verdaderamente funcione”, aseveró el funcionario.
Declaró que en lugares como la zona conurbada de Tampico, Madero, Altamira y Nuevo Laredo, el uso de esta tarjeta ha dejado buenos resultados, porque permite un control más estricto en cuanto al cobro, dado que pagan la tarifa de seis pesos los que verdaderamente cursan sus estudios en alguna institución.
Salinas Treviño señaló que si bien, el costo de la tarjeta única se traslada hacia el usuario, es decir, que serían quien al final de cuentas la pague, lo que tiene que ver con el equipo lector estaría a cargo de los concesionarios y permisionarios del transporte.
Informó que en los próximos días, la Subsecretaría del Transporte se reunirá con prestadores del servicio, con el objeto de hacer un análisis de los costos que se tendrían que hacer, para elaborar la tarjeta electrónica y a la vez, la compra del equipo lector para cada una de las unidades destinadas a esta actividad.
Aunque la administración estatal concluye en septiembre, confió en que si no se concreta, “por lo menos quede encaminada”.