DALLAS, Texas, mayo 17 (Notimex)
Cuatro organizaciones de derechos civiles presentaron hoy una queja en la que urgen investigar el trato abusivo de agentes de operaciones y puertos de entrada en los cruces internacionales de El Paso, Texas, y el sur de Nuevo México.
La denuncia detalla el uso de fuerza excesiva, el abuso verbal y el trato humillante y de intimidación de parte de los agentes para obligar a las personas a renunciar a sus derechos legales.
La queja fue interpuesta por la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU), el Centro Regional de Nuevo México para los Derechos de la Frontera (RCBR), la Fundación ACLU de Texas (ACLU-TX), y la Coalición de Comunidades Fronterizas del Sur (SBCC) a nombre de 13 residentes de la frontera.
En múltiples casos, los residentes fronterizos indicaron a la organización RCBR que los agentes de la CBP los desalentaron o no les informaron cómo presentar una queja, por lo que piden apoyo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
“Cada día miles de estudiantes, trabajadores y turistas cruzan legalmente nuestros puertos de entrada para hacer negocios o visitar a la familia”, declaró Cynthia Pompa, organizadora de campo de la RCBR en un comunicado.
“Cuando los agentes de la CBP no profesionales o francamente crueles humillan, discriminan y abusan física o verbalmente de ellos, sus malos tratos y la falta de rendición de cuentas ofende los valores estadounidenses de la igualdad y la justicia”, indicó Pompa.
En mayo de 2015 la RCBR se unió a organizaciones desde Brownsville, Texas, a San Diego, California, para lanzar la campaña “Cruzando con Dignidad”, orientada a documentar las historias de los residentes fronterizos que cruzan los puertos de entrada terrestres a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
De acuerdo con el comunicado de la RCBR a nivel nacional, aproximadamente 600 mil personas entran diariamente a Estados Unidos a través de los puertos de entrada de la frontera suroeste, y uno de cada 24 puestos de trabajo en Estados Unidos se basa en el comercio electrónico transfronterizo en la frontera sur.
La queja interpuesta este martes detalla un puñado de los casos reportados a la RCBR por los ciudadanos estadounidenses y mexicanos que cruzaron en forma regular y de manera legal a través de los puertos de entrada de nuestro país.
Uno de estos casos es el de Amanda Rodríguez Varela, quien en septiembre de 2015, sufrió la burla de los agentes de la CBP sobre su trabajo a favor de la igualdad de género y la acusaron falsamente de proporcionar “favores” en Estados Unidos, llamándola “puta”.
Después de aproximadamente diez horas de intimidación e inspección humillante, los agentes de la CBP coaccionaron a Rodríguez a firmar formas que no entendía y que incluyó un interrogatorio falsificado para justificar la revocación de su visa y un impedimento de cinco años para entrar en Estados Unidos.
La queja detalla también el caso de Raúl Humberto Cadena Castillo, a quien el 25 de enero de 2015 los agentes de la CBP en el puerto de entrada Ysleta-Zaragoza en El Paso Texas.
Lo acusaron falsamente vivir con su novia en Estados Unidos y de buscar empleo en este país, a pesar del hecho de que él ofreció pruebas de su inscripción en la universidad para un grado de ingeniería y de estar empleado en México.
Después de nueve horas de interrogatorio y riéndose de mensajes de texto entre Cadena y su novia, los agentes de la CBP lo obligaron a firmar documentos falsificados y le impusieron un impedimento legal de cinco años para ingresar a Estados Unidos.
“Para muchos de nosotros el cruzar la frontera significa volver a casa”, dijo Vicki Gaubeca, directora de la RCBR. “La CBP pretende facilitar el comercio legítimo y los viajes, pero las indignidades que sus agentes infligen a los ciudadanos y no ciudadanos por igual ofende las nociones básicas de justicia y desalienta el intercambio económico y cultural que alimenta nuestro país”.
“Los residentes fronterizos han tomado la palabra para exigir una investigación transparente sobre la arraigada cultura abusiva en la fuerza policial más grande de nuestra nación. La CBP debe desde hace mucho tiempo una fuerte dosis de reformas en la de rendición de cuentas”, indicó Gaubeca.
