«Según cifras del propio Gobierno de México, las fuerzas armadas son excepcionalmente eficientes para matar. Apilan cuerpos a tasas extraordinarias», destaca el rotativo.
En combates entre grupos armados, el promedio a nivel mundial es de 4 heridos por cada persona muerta, de acuerdo con un registro de la Cruz Roja desde 1970.
En contraste, el Ejército mexicano mata a 8 enemigos por cada uno que hiere.
En tanto, según datos oficiales, las fuerzas de élite de la Marina matan a 30 combatientes por cada herido.
«Se trata de ejecuciones sumarias», denunció Paul Chevigny, profesor retirado de la Universidad de Nueva York y pionero en el estudio de la capacidad de matar de los ejércitos.
En la historia de la guerra moderna, es mucho más probable que los combatientes hieran a sus enemigos en vez de matarlos.
Pero en México es al revés. Las autoridades mexicanas dicen que sus soldados están simplemente mejor entrenados y más calificados que los cárteles a los que combaten.
Pero expertos señalan que la tasa de asesinatos de México prácticamente es inaudita, pues las cifras revelan algo más ominoso.
Las cifras se desprenden del documento «Índice de letalidad 2008-2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad aumenta la opacidad», publicado en junio de 2015 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Las estadísticas son oficiales y obtenidas mediante solicitudes de acceso a la información pública.
Las cifras, que el Gobierno dejó de reportar a principios de 2014, ofrecen un vistazo poco común y descuidado del papel que el Ejército mexicano ha asumido en la guerra contra el crimen organizado.
En la última década, a medida que soldados y marinos han sido enviados a la línea de combate, aumentaron los abusos de derechos humanos.
Sin embargo, el Ejército sigue siendo intocable y protegido por un Gobierno reacio a tomar medidas represivas sobre la única fuerza capaz de hacer frente a la lucha.
Poco se ha hecho para investigar las miles de acusaciones de tortura, desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales que se han acumulado desde que el ex Presidente Felipe Calderón inició la guerra contra las drogas hace una década.
De las 4 mil quejas de tortura que la Procuraduría General de la República (PGR) ha examinado desde 2006, sólo 15 han resultado en condenas.
«La tortura no sólo está generalizada en México, sino que también está rodeada por la impunidad», dijo Juan E. Méndez, relator especial de Naciones Unidas.
«Si el Gobierno sabe que es frecuente y aun así no se logra ninguna acusación, y las que sí se procesan por lo general no llegan a ningún lado, la culpa recae en el Estado».
Las Fuerzas Armadas mexicanas no respondieron a solicitudes de entrevistas.
Aproximadamente 3 mil personas fueron asesinadas por el Ejército entre 2007 y 2012, mientras que 158 soldados perdieron la vida.
Algunos críticos llaman a los asesinatos una forma de pragmatismo: en México, donde menos del 2 por ciento de los casos de asesinato es exitosamente procesado, las Fuerzas Armadas matan a sus enemigos porque no pueden confiar en el inestable sistema legal.
Las olas de presión han chocado con el Gobierno.
En marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el récord de derechos humanos de México, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, con base en un anterior reporte de la ONU que describía que la tortura era generalizada.
En semanas recientes, se volvió viral un video de una soldado golpeando a una mujer mientras una mujer policía le metía la cabeza en una bolsa de plástico, lo que obligó a una disculpa pública poco común.
Incluso, en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el papel del Ejército y la protección de la que goza se han vuelto temas polarizantes.
Pero, si bien las quejas de tortura contra las Fuerzas Armadas han caído desde 2011, coincidiendo con una reducción general en el número de tropas desplegadas por todo México, la letalidad de sus enfrentamientos no disminuyó, de acuerdo con datos que dejaron de darse a principios de 2014.
Algunos episodios salen a la luz en los tribunales, como una confrontación en Tlatlaya, justo en las afueras de la Ciudad de México, donde el Ejército mató a 22 personas en junio del 2014.
Los militares se jactaron que durante la confrontación sólo un soldado resultó herido.
El caso rápidamente se volvió un escándalo cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que 15 personas fueron ejecutadas, y que los soldados habían alterado la escena para hacer que pareciera que había habido una batalla.
Aun así, los últimos tres soldados acusados fueron absueltos la semana pasada, uniéndose a otros cuatro previamente exonerados. El único soldado condenado en el caso, por el delito de desobediencia, ya ha cumplido su sentencia.
La impunidad se da a pesar de los crecientes lazos con el Ejército de Estados Unidos mediante ejercicios, capacitación y ventas de hardware militar a fin de mejorar el profesionalismo y, por extensión, el récord de derechos humanos de las Fuerzas Armadas de México.
Hace dos años, Estados Unidos acordó venderle a México helicópteros Black Hawk en un pacto que autoridades militares dijeron sumaría más de mil millones de dólares durante 25 años y acercaría al Ejército mexicano a los estándares militares estadounidenses.
CON INFORMACIÓN DE: elnorte.com
