PHOENIX, Arizona, EE.UU. (AP)
Los defensores de los derechos de inmigrantes que presionaron en un caso de encasillamiento racial contra el jefe de policía del área metropolitana de Phoenix, exhortaron al juez para que recomiende que se abra una investigación criminal contra el agente y su principal ayudante por desafiar órdenes de la Corte.
Los abogados del caso opinaron el viernes sobre las soluciones propuestas en un fallo de hace dos semanas en el que el jefe de policía Joe Arpaio fue declarado en desacato civil por desatender las órdenes del juez en la demanda de etiquetación racial.
El juez federal de distrito, Murray Snow, había concluido que Arpaio hizo caso omiso a la orden de 2011 de detener operaciones policiales contra la inmigración y deliberadamente declaró en falso cuando negó en la corte que había realizado una investigación del juez.
Se cree que a causa del hallazgo habrá una mayor supervisión de la corte a la agencia de policía y se generará un caso de desacato criminal que podría exponer a Arpaio a multas e incluso tiempo en la cárcel. El juez tiene programada una audiencia el martes para examinar formas para remediar las trasgresiones de Arpaio.
Los abogados que ganaron el caso de etiquetación racial hace tres años dijeron que el juez debería recomendar que los fiscales realicen una investigación por desacato criminal contra Arpaio y su segundo al mando, Jerry Sheridan. También sugirieron que dicha investigación debería incluir acusaciones de perjurio y obstrucción de la justicia contra ambos agentes.
Dijeron que Arpaio debería disponer de 300 mil dólares de su propio bolsillo para ayudar a los contribuyentes del condado de Maricopa a compensar a los latinos que fueron detenidos ilegalmente pese a la orden de que dejara de realizar operaciones policías contra la inmigración ilegal.
Al solicitar comentario sobre las investigaciones criminales, la oficina de Arpaio emitió un comunicado en el cual decía que está comprometida a atender el fallo del juez.
Los abogados del jefe de policía dijeron que Arpaio y Sheridan están dispuestos a contribuir con cien mil dólares a una organización defensora de los derechos civiles de los hispanos y reconocer públicamente su desacato.
Aunque se desconocen los costos de compensación a las víctimas, los contribuyentes han invertido 41 millones de dólares en el caso en los últimos ocho años y otros 13 millones se designaron para el próximo año.
Un abogado que representa al condado Maricopa envió a los abogados de Arpaio una carta la semana pasada para indicar que el condado podría no ser financieramente responsable por el desacato intencional a las órdenes de la corte.
Arpaio, quien tiene un salario de cien mil dólares al año como jefe de policía y posee más de dos millones de dólares en inmuebles comerciales, nunca ha dispuesto de su propio dinero para pagar los costos legales directamente vinculados con sus obligaciones oficiales como policía en los últimos 23 años.
Snow también ofreció una agresiva crítica a los esfuerzos de Arpaio para conducir su investigación interna a presuntos delitos cometidos por sus agentes, y dijo que las acciones disciplinarias a veces son decididas por empleados prejuiciosos y con conflicto de interés para decidir en dichos temas.
El juez sopesa la posibilidad de invalidar varias investigaciones internas, conseguir un investigador independiente para reexaminar las acusaciones y quitarle el poder a Arpaio para disciplinar en esos casos.
Los abogados de Arpaio acordaron que un investigador externo reabriera la investigación, pero dijeron que Arpaio es el único responsable de despedir empleados.
