Alejandro Echartea
El tesorero del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Gerardo Acuña Ocejo, fue nombrado en sesión de Cabildo de este martes 21 de junio como presidente del Comité Municipal de Transparencia, para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.
La propuesta fue presentada por el síndico Jaime Salvador Amaro Castillo, en referencia al decreto LXII-948 del 27 de abril publicado en el Periódico Oficial de Tamaulipas; “decreto que entró en vigor el 28 de abril de 2016 y por el mismo se abrogó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas publicada en el Periódico Oficial del cinco de julio del 2005”.
En la lectura de la propuesta, el segundo síndico mencionó que junto con el tesorero municipal formarán parte del Comité Municipal de Transparencia Andrómeda Montiel Lerma y Julio César Maldonado Flores.
Dicho Comité Municipal de Transparencia entrará en funciones a partir del día siguiente de su conformación, es decir, de este miércoles 22 de junio, “se constituye el Comité Municipal de Transparencia del Municipio de Victoria, Tamaulipas, el cual queda conformado de la siguiente manera: presidente contador público Gerardo Acuña Ocejo, tesorero municipal; secretario licenciada Andrómeda Montiel Lerma, contralora municipal; vocal licenciado Julio César Maldonado Flores, jefe del Departamento Jurídico y actual titular de la Unidad de Transparencia”.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública menciona en el artículo uno párrafo dos, que ésta “tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad del Estado y sus municipios”.
Así como menciona que estará obligado a cumplir con esta ley cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Estado y sus municipios.