Alfredo Guevara
De la fiscalización de recursos que realiza personal de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) sólo queda por aclarar algunos subejercicios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), estableció Jorge Ábrego Adame, quien dejó en claro que al término de la administración estatal no habrá bono de fin de sexenio
Al ser cuestionado en torno a la posibilidad del pago del a los funcionarios de primer nivel, como sucede en otras instancias, como el Congreso de la Unión, dejó en claro que hasta el momento no se tiene previsto para el término de esta administración estatal.
Sobre los subejercicios, el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado desconoció a cuánto ascienden este dinero que fue autorizado, pero que no se ha podido ejercer, aunque hay confianza de que se aplique en los rubros donde se requiere para seguir adelante con la estrategia de seguridad.
En una entrevista que concedió a los medios de comunicación, recordó que todo lo que tiene que ver con recursos de la Secretaría de Seguridad Pública se maneja vía comisionado nacional, de tal forma que mientras no se dé un visto bueno, no se avanza, de ahí que de cierta forma, se haya caído en un subejercicio.
Confirmó que algunas dependencias de la administración estatal, son sujetas de una revisión de los recursos que envía el Gobierno de la República al Estado, en este caso por parte del personal de la ASF, cuyo avance en la fiscalización es superior al 70 por ciento de lo que comprende a este año, dado que en la del 2015 ya concluyó.
Ábrego Adame declaró que de las observaciones que se han hecho, el Gobierno del Estado a través de las diferentes secretarías ha ido solventando cada una de éstas, quedando pendiente la que tiene que ver con el subejercicio de la SSP, donde no se ha ejercido el presupuesto autorizado porque se pidieron transferencias por aplicar.
De lo que comprende a las auditorias del ejercicio fiscal 2016, el Secretario de Finanzas reveló que de las observaciones que se han hecho, se han ido solventando a satisfacción de los auditores, a través de la Contraloría o bien, la Auditoría Superior del Estado (ASE), de las dependencias ejecutoras del gasto.
