Alfredo Guevara.-
A lo largo de casi tres años, por lo menos diez ayuntamientos de la entidad han permanecido en la opacidad, es decir no informaron ni colocan en sus portales de Internet, de acuerdo a como lo mandata la Ley de Transparencia, información relacionada con la aplicación de los recursos públicos.
La contralora del Gobierno del Estado, Gilda Cavazos Lliteras, aseguró que tener actualizada la información en los portales o páginas de Internet es responsabilidad de los ayuntamientos, a los que si bien se les ha estado apoyando en esta administración estatal, pidiendo incluso la información para subirla, “es responsabilidad de ellos lo que mandan”.
De los 43 municipios de la entidad, dijo que por instrucciones del gobernador Egidio Torre Cantú se apoyó a 34 ayuntamientos con menos de 70 mil habitantes, los que de una u otra forma hacen el mejor esfuerzo, andando incluso atrás de ellos solicitándoles la información que por oficio mandata la Ley de Transparencia para incorporarla al portal en Internet, explicó.
“De todo lo que debía estar en sus portales, había ayuntamientos que solo tenían un ocho por ciento, ahora algunos tienen hasta un 80 por ciento de la información, pero otros municipios pequeños es difícil acceder a que proporcionen los datos, pero seguimos presionando para que cumplan con estas disposiciones”, señaló.
Municipios como Cruillas, San Carlos, Miquihuana, Burgos entre otros, terminarán el periodo para el que fueron electos con opacidad en materia de rendición de cuentas, porque no tienen personal capacitado que genere la información que mandata la ley, no obstante a que se ha trabajado con ellos, dando capacitación, y trabajo continuo.
Cavazos Lliteras añadió los municipios grandes prácticamente no tienen ese problema y son responsables de la información que suben a sus portales, pero de los 34 a los que el Estado decidió apoyarlos, hay por lo menos diez con menos de cinco mil habitantes, que no disponen de personal capacitados para generar la información.
Dado que los ayuntamientos tienen su independencia, consideró que solo el Congreso local o el Instituto Tamaulipeco de Acceso a la Información (ITAI), son los facultados para hacerles un llamado a efecto de que cumplan con las disposiciones establecidas en la Ley.
