diciembre 15, 2024
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julio 6, 2016 | 124 vistas

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

 

En Tamaulipas, el 75 por ciento de los procesos penales en agencias del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República (PGR),  Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios, son atendidos por el Instituto de Defensoría Pública Federal.

Esther Celina Arjona Limas, delegada del Instituto en Tamaulipas, dijo que eso implica que solamente el 25 por ciento de los procesos penales son atendidos por defensores privados.

Al participar como ponente en la Semana Nacional de Acceso a la Justicia, desarrollada en la Casa de la Cultura Jurídica, “Ministro Fernando de la Fuente Sanders” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que, aunque la gratuidad del servicio es un factor que propicia mayor demanda de los defensores públicos, en realidad la principal causa de esa preferencia es la preparación y experiencia que tienen estos.

“En teoría, como Instituto somos el despacho jurídico más grande del país, porque nuestros defensores están al día en cuanto a los últimos criterios jurisprudenciales. Si hoy existe un buen criterio lo aplicamos de inmediato y eso nos hace más eficientes. Por eso casi ocho de cada diez procesados busca nuestros servicios”, mencionó.

Arjona admitió, sin embargo, que esa preferencia tiene saturado de trabajo al Instituto, porque cada uno de los 40 defensores públicos atiende en promedio entre 200 y 250 asuntos al año.

“Eso implica estar de tiempo completo en la atención de los expedientes”, indicó.

Confió, sin embargo, que con la implementación del sistema de justicia penal, acusatorio y oral, dentro de pocos meses comience a disminuir la carga de trabajo en los Juzgados de Distrito.

“Con el sistema acusatorio ya no ingresarán nuevos asuntos a los Juzgados de Distrito porque desde el 14 de junio los conocerá un Juez de Control. Además, el nuevo modelo procesal penal contempla salidas alternativas de solución de conflictos, que evitarán que la mayor parte de los asuntos lleguen a Juicio”, indicó.

De hecho, más del 90 por ciento de los procesos se están resolviendo a través de procedimientos abreviados o mediante una suspensión condicional del procedimiento.

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