CIUDAD DE MÉXICO, julio 11 (AP)
El Gobierno federal anunció la impugnación ante la Suprema Corte de leyes estatales recientemente aprobadas y vistas por varios como planeadas para proteger a dos gobernadores salientes de posibles futuras investigaciones sobre corrupción.
A petición de los gobernadores de los estados de Veracruz y Quintana Roo, en el este del país, los congresos estatales aprobaron o modificaron leyes en las últimas semanas con las que crean supuestos mecanismos para combatir la corrupción, pero que considera el nombramiento de fiscales y contralores afines a los mandatarios locales.
El subprocurador Jurídico de la Procuraduría General de la República, Salvador Sandoval, dijo en rueda de prensa que el Gobierno decidió presentar ante el máximo tribunal dos acciones de inconstitucionalidad contra esas leyes estatales, porque contravienen un recién aprobado sistema nacional anticorrupción, el cual debe servir de guía para normas estatales sobre el tema, lo cual no ocurrió en este caso.
Además, el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, dijo que la medida también busca que “no haya cabida para legislaciones locales a modo”.
El anuncio ocurre en momentos en que algunos analistas y comentaristas han criticado al presidente Enrique Peña Nieto y su gobierno por lo que consideran una falta de compromiso para combatir la corrupción y porque no se había pronunciado sobre esas leyes.
Los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge, son militantes del Partido Revolucionario Institucional, más conocido por sus siglas PRI, el mismo del presidente Peña Nieto.
“¿Por qué Enrique Peña Nieto no repudia los paquetes de impunidad que los gobernadores… aprobaron durante las últimas semanas? ¿Estará pensando acaso el presidente en otorgarse un regalo similar antes de partir?”, escribió el lunes el analista Ricardo Raphael en su columna del diario El Universal.
Los dos gobernadores han sido señalados por opositores y críticos de haberse beneficiado en distintos momentos de actos de corrupción y que ahora planeaban leyes para protegerse cuando en los próximos meses dejen los cargos.
El Gobierno de Veracruz informó poco después en un comunicado que en respuesta a la impugnación, el mandatario estatal llamó al Congreso estatal a declarar desierta la convocatoria original para nombrar al Fiscal Anticorrupción.
En las pasadas elecciones regionales en las que se renovaron los gobiernos de 12 estados del país, el PRI tuvo un fuerte revés y perdió en varios lugares, incluidos Veracruz y Quintana Roo. Para analistas, los resultados reflejó el desencanto de los electores con un partido y sus políticos salpicados por escándalos de corrupción.
