Rogelio Rodríguez Mendoza
El sistema de Justicia Penal Acusatorio será una gran oportunidad para identificar casos de tortura, cuya práctica más recurrente es a través de violencia sexual, asfixia seca y húmeda, descargas eléctricas y golpes en los pies, coincidieron expertos que participaron en un “Taller sobre la Aplicación del Protocolo de Estambul y del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura”, al que asistieron representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet).
El taller fue parte del primer encuentro internacional “Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura”, celebrado en Zacatecas, el pasado 12 de junio, con la presencia de doce países de Iberoamérica y con la asistencia de expertos y presidentes de las Comisiones estatales de Derechos Humanos.
El objetivo fue contribuir al combate y erradicación de la tortura en el país y atender a las víctimas de ese delito.
Durante las ponencias se detalló los tipos y métodos de tortura que se utilizan en México y otros países, así como sus secuelas físicas y psicológicas, como la violencia sexual, la humillación que se provoca al desnudar a las víctimas, la asfixia seca y húmeda, descargas eléctricas, golpes en los pies y aplicación del teléfono, entre otros métodos.
El presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Martínez Rodarte, destacó que el nuevo Sistema Penal Acusatorio será una oportunidad para identificar la práctica de la tortura.
Consideró que, el Estado mexicano debe permitir la participación de peritos internacionales en estos casos.
Por su parte, el abogado y experto, Emilio Ginés Santidrián, señaló que, organizaciones de la sociedad civil indican que entre el 2004 y 2014 interpusieron ante la CNDH 58 mil 381 quejas por detenciones arbitrarias.
De ellas, 17 mil incluyen alegatos de tortura y malos tratos, por lo cual se estima que cerca de diez mil personas estarían siendo torturadas en el sistema de justicia penal nacional.
A su vez, el experto independiente, Carlos Garduño Salinas, subrayó la urgencia de que los legisladores aprueben la Ley General contra la Tortura, dado que el plazo para su publicación venció el pasado siete de enero.