Ciudad de México— Por la comisión de presuntos actos de corrupción cometidos en sus administraciones, este jueves fue solicitada la expulsión de las filas del PRI de los gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua.
El consejero político del tricolor, Armando Barajas Ruiz, solicitó de manera formal la suspensión de los derechos de militantes de los tres mandatarios para que, en caso de reunirse las pruebas, se proceda a su expulsión definitiva.
Barajas Ruiz acudió ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria para interponer el recurso, con base en las anomalías y denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en esas entidades.
La solicitud fue presentada directamente contra el veracruzano Javier Duarte de Ochoa, el quintanarroense Roberto Borge Angulo y el chihuahuense César Duarte Jáquez.
En el caso de Veracruz, el consejero aseguró que sobre Duarte pesan 32 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la celebración de contratos con empresas fantasmas.
Refirió que también existen 26 averiguaciones previas abiertas en su contra por denuncias presentadas por la ASF ante el Ministerio Federal, vinculadas con el presunto desvío de recursos de fondos federales, así como la simulación en devoluciones de dinero para falsear comprobación.
En el documento recordó que la propia Auditoría ha sostenido que 23 de las 26 averiguaciones abiertas corresponden a probables irregularidades cometidas durante la Administración de Duarte de Ochoa.
«Las irregularidades constituyen un hecho público y notorio que influye negativamente en las elecciones constitucionales locales en prejuicio de nuestro instituto político», afirmó.
«Como se puede apreciar, Javier Duarte de Ochoa cae dentro de los supuestos señalados en el Artículo 227 del Código de Justicia al cometer faltas de probidad o delitos que tengan encomendadas».
En el caso de Quintana Roo, el consejero recordó que el Congreso federal ya solicitó a la ASF que investigue los recursos entregados en el 2015 al Gobierno estatal, que ascienden a más de 16 mil 700 millones de pesos, a través de los ramos 28, 23 y 33.
Refirió también que la Comisión Permanente ya pidió a ese organismo incluir en su Programa de Revisiones del 2015 un apartado para auditar esos recursos federales.
En el caso de Chihuahua, se refiere que la ASF tiene 17 denuncias en contra del Gobierno de Duarte Jáquez por presuntas irregularidades.
Como pruebas, Barajas Ruiz presentó el informe de la Auditoría y las denuncias que existen en la PGR.
