diciembre 12, 2024
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julio 23, 2016 | 137 vistas

Mauricio Zapata.-

El Congreso local analiza la posibilidad de crear en Tamaulipas la Ley de Voluntad Anticipada, que permitiría a un paciente en estado terminal decidir si sigue con un tratamiento médico o suspenderlo como “última voluntad”.

Esta iniciativa, que está en estudio en la Comisión de Salud del parlamento estatal, fue presentada hace tres años por la entonces diputada de Acción Nacional, Teresa Corral.

Esta ley, según el documento no consiste en legalizar la muerte asistida o también llamada eutanasia, sino respetar la última voluntad de los pacientes que no puedan recuperarse de su condición.

“Es darle una muerte digna a las personas cuando ellos deciden, cuando tienen plena conciencia de lo que ellos desean, la base de todo esto es la dignidad de las personas”, señala el documento.

“No es suicidio asistido, no es eutanasia, es nada más ver cómo o de qué manera prefiere morir, en dónde, pero jamás vamos a saber cuándo”, indicó el presidente de dicha Comisión legislativa, el diputado Alfonso de León Perales.

La iniciativa precisa que los pacientes en estado terminal tengan la oportunidad de decidir bajo consentimiento informado el recibir los cuidados paliativos en sustitución de los tratamientos curativos, para proporcionar una mejor calidad de vida.

Con ello se garantizará una muerte natural en condiciones dignas a los enfermos en fase terminal; pero delimitará los medios ordinarios y extraordinarios en los tratamientos del enfermo en esa situación; y regularía las formas, requisitos y procedimientos que garanticen la libre decisión de una persona para elegir el tratamiento de cuidados paliativos y rechazar medidas extraordinarias o curativas cuando se encuentre en un estado terminal, con el fin de evitar la obstinación terapéutica.

El tema, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ramiro Ramos Salinas, es muy “complejo”, y para ello la Diputación Permanente, que él encabeza, dictaminó procedente instruir a la Comisión de Salud, para organizar foros de consulta y reuniones públicas de información y audiencia.

Lo anterior, a fin de que participen expertos en medicina, organizaciones sociales y religiosas, organismos defensores de los derechos humanos y público en general que pueda aportar información y opiniones atinentes a la posible expedición de una Ley Estatal de Voluntad Anticipada y de Derechos de las Personas Enfermas en Fase Terminal.

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