La polémica y el conflicto que enfrentan el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL) sobre las cifras de pobreza del año 2015 que han sido impugnadas, deja dudas respecto al destino de los 70 mil millones de pesos de apoyos sociales, afirmó Alejandro Ceniceros Martínez.
“Con la polémica acerca de la medición de la pobreza en México, dos instituciones no se pusieron de acuerdo y se fueron a la basura 154 millones de pesos, aunque el fondo del asunto es dónde quedarán 70 mil millones en reparto de apoyos en un año previo a las campañas presidenciales”, declaró.
El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en Tamaulipas dijo que el gobierno federal no dará a conocer cifras de la pobreza durante el año 2015 por el debate público entre esas instituciones.
Señaló que ambas instituciones tomaron la decisión tras las impugnadas cifras donde el Inegi dio a conocer que la pobreza en México había bajado; en el centro del debate, ambas instituciones decidieron no dar a conocer cifras actualizadas por las “condiciones actuales de no comparabilidad” del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2015 con años anteriores.
El MCS, es el instrumento para caracterizar aspectos socioeconómicos, incluido el ingreso de las familias mexicanas, fue encargado por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para darle sustento al reparto de casi 70 mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, de los cuales no se sabrá su distribución, refirió Ceniceros al citar una información publicada en un medio de comunicación Nacional.
“Pareciera que todo está armado para distribuir a discreción los 70 mil millones y el reparto quedará al libre arbitrio de los diputados y gobernadores, utilizándose de manera electoral en este y el próximo año, que serán definitorios en la sucesión presidencial”, subrayó.
Para el Coordinador del PT “esto es más de lo mismo, y de cómo el PRI y sus gobiernos utilizan los programas sociales con fines clientelares”.
