CIUDAD DE MÉXICO, agosto 21 (Notimex)
Desde su creación, hace dos décadas y de cara su renovación en noviembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), ha contribuido a la consolidación democrática de México y a la generación de una justicia electoral efectiva.
Con criterios garantistas, la y los magistrados han posicionado a la justicia electoral mexicana a la vanguardia en la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos.
Ello ha permitido a mujeres e indígenas exigir la paridad de género en la postulación de candidaturas e impugnar la violación de sus derechos.
Además, la Sala Superior ha tutelado los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, garantizándoles el acceso efectivo a la justicia electoral.
En este último rubro, el pleno aprobó la jurisprudencia 15/2008 mediante la cual género las condiciones para que los municipios transiten de manera pacífica de un sistema de partidos políticos a uno regido por usos y costumbres para la elección de sus autoridades.
También ha permitido la expansión del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.
En materia de paridad de género, ha sido firme y consistente en defender los derechos políticos de las mujeres, con el propósito de transitar de la paridad legal a la paridad de facto, según la jurisprudencia 6/2015.
Y ha permitido revertir el proceso de exclusión política experimentado por las mujeres a lo largo de la historia y garantizar condiciones de acceso, para que éstas ocupen cargos públicos.
La propia integración actual del Congreso de la Unión a nivel federal es resultado de la histórica decisión jurisdiccional del Tribunal Electoral federal, que obligó a los partidos políticos a respetar la cuota de género durante la contienda electoral de 2012.
Sus criterios han orientado a los partidos políticos para incluir a 40 por ciento de mujeres y a 50 por ciento de hombres en los listados de candidaturas a cargos de elección popular y ahora los partidos políticos nacionales y locales, así como las coaliciones están obligados a cumplir con la paridad de género.
