Para mejorar y hacer más ágiles los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas y crear con ello un frente común ante esta problemática, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) fue reformada en diversas de sus disposiciones.
La reforma, que nació de una iniciativa del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), tendrá vigencia tan pronto y sea publicada en el Periódico Oficial del Estado.
Con ello serán simplificados los procedimientos existentes para activar el protocolo Alba y la Alerta Amber México, a fin de poner en marcha, sin demora la búsqueda de las mujeres desaparecidas y se implementará un sistema para Reporte y Seguimiento de Personas Desaparecidas, en el que se actualice constantemente la base de datos que contenga información disponible de las víctimas.
Así se establecerá la coordinación entre las autoridades competentes, la participación de la comunidad y medios de comunicación, generando un frente común en la búsqueda de las personas desparecidas, tal y como ya lo tienen en otros estados como Nuevo León.
En ese sentido, con las adecuaciones, se incorporaron dentro de las atribuciones de la PGJE diversas fracciones tendientes a promover mecanismos que ayuden a la localización de personas y bienes.
Por ejemplo, la institución encargada de la persecución de los delitos ejercerá acciones para mantener servicio de comunicación directa por el que se reciban reportes de la comunidad sobre emergencias y delitos.
Además, promoverá un procedimiento que permita comunicar a la ciudadanía sobre la privación de la libertad o desaparición de personas, y que auxilie en su búsqueda y localización.
También implementará un sistema para reporte y seguimiento de dichas personas, mismo que deberá tener una constante actualización.
Los legisladores consideraron importante y urgente la reforma, porque Tamaulipas, Nuevo León y el Estado de México son las tres entidades con más casos registrados de personas desaparecidas o no localizadas.
Un reporte de Amnistía Internacional detalla que en México suman 27 mil 638 casos de desaparecidos, de los que cinco mil 705 pertenecen a Tamaulipas; dos mil 693 al Estado de México y dos mil 246 a Nuevo León.
Sin embargo, la cifra podría ser mayor porque debido a la grave problemática que vive nuestro país, no existe claridad de cuántas de estas personas han sido sujetas de desaparición forzada o de algún otro tipo, aunado a que la mayoría de los delitos permanecen sin ser denunciados.
