CIUDAD DE MEXICO (AP) — La escena quedó grabada a fuego en la memoria de Patricia Méndez, una estudiante veracruzana de 21 años. Era marzo de 2015, en un hospital público de Veracruz cuando se vio forzada a expulsar un feto de unas 20 semanas, retorcida de dolor, ante la mirada impasible no sólo de personal médico, sino de policías alertados por los sanitarios que esperaban para tomarla declaración como inculpada por aborto.
«Estaba desnuda, con esa bata que te dan, y tenía a todos alrededor mientras expulsaba el producto con muchos dolores pero nadie hacía nada, solo decirme ‘Acéptalo, has cometido el peor pecado del mundo»’, explica Méndez.
México vive desde hace unos años una oleada de reformas legales antiaborto, muy criticadas por defensores de derechos humanos, que van desde cambios constitucionales en 18 de 32 estados para defender la vida desde el momento de la concepción a una ley de Veracruz que castiga a la mujer que aborta a ser reeducada, un castigo que, aunque nunca se ha aplicado, es el que pende sobre Méndez.
Ahora su caso está en la Suprema Corte, que tiene previsto verlo este miércoles. Sus abogados confían en que el alto tribunal declare inconstitucional la norma veracruzana, lo que sería un paso para incentivar un debate nacional sobre si el delito de aborto debe estar en los códigos penales o debería descriminalizarse.
Esta última posibilidad preocupa a los sectores más conservadores del país, liderados por la Iglesia católica, que abiertamente ha defendido las reformas constitucionales pro-vida.
«Ojalá voten esta ley», dijo el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes, días antes de que Veracruz se convirtiera en el estado número 18 en reformar su constitución para defender a los no nacidos. «Se trata de la defensa de algo tan valioso que tenemos, que es la vida (…) Pido su oración para que se vote a favor».
Pero más allá de las leyes, los colectivos de mujeres están preocupados por muchos comportamientos que consideran verdaderas torturas psicológicas y que las autoridades toleran de forma tácita.
Estas actitudes pueden ir desde médicos que se convierten en delatores ante la policía sin preocuparse de las circunstancias de cada mujer a fiscales que cambian el delito de aborto por el de homicidio en grado de parentesco para que conlleve una pena mayor, así como una marginación y condena colectiva tan fuerte que pueden provocar que la afectada tenga que dejar el lugar donde vive.
Un ejemplo extremo es el caso de Patricia Méndez.
«Me trataron peor que a un animal», susurra esta veracruzana, menuda y de larga cabellera negra y rizada, durante una entrevista con Associated Press en Guanajuato, el estado a donde huyó de la persecución vivida en su tierra natal. «Sentí que si me hubiera muerto ahí (en el hospital), no habría pasado nada».
«Luego me agarraron la mano para firmar unos papeles y me pusieron el producto en la cara. ‘Dale un beso tú lo has matado’, me dijo la enfermera».
El suplicio no quedó en eso. La familia de su expareja la obligó a participar en el entierro formal del feto.
«Jamás en la vida había vivido algo así», asegura Verónica Cruz, abogada de Méndez y directora de Las Libres, una ONG que lleva 16 años tratando casos de aborto.
«Le hicieron todo un funeral y hasta abrieron la caja para que ella viera el producto», que estaba en terribles condiciones después de cuatro días. «Querían sellar su culpa».
El proceso de Méndez se encuentra paralizado a la espera de lo que diga la Corte Suprema.
Quienes defienden la ley veracruzana, que data de 2009, argumentan que supone una mejora para las mujeres porque eliminó la pena de cárcel. Sin embargo, los activistas aseguran que la norma manda un claro mensaje ideológico para tratar a las mujeres como desadaptadas sociales a las que hay que enseñar a ser éticas.
Cruz recuerda, además, que aunque no hay precedentes en la aplicación del castigo educativo, su mera existencia deja a las mujeres a merced de la arbitrariedad del juez de turno. Y eso es peligroso.
El Instituto Veracruzano de las Mujeres, supuestamente la institución encargada de poner en práctica la sentencia, no contestó a reiteradas solicitudes de información de AP.
Javier Angulo, también abogado de Méndez y director de la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económica, confía en que el alto tribunal declare inconstitucional la norma veracruzana por sus muchas irregularidades, como que considere que las mujeres no tienen voluntad o que la pena no tenga límites temporales, con lo que el juez podría decretar una sanción de por vida.
«No existe ningún otro delito en los códigos penales de todo México sancionado con medidas educativas», añadió.
La Suprema Corte podría el miércoles desestimar el caso, posponerlo o pronunciarse a favor o en contra de la reclamación de Méndez.
Hasta ahora, el alto tribunal ha eludido tratar de forma directa el tema del aborto. En 2008, algunos sectores intentaron parar su despenalización en Ciudad de México, el único estado mexicano donde es legal. No pudieron. La Corte dijo que cada entidad es libre de generar su propia legislación penal. Luego, como reacción, llegaron las reformas constitucionales pro-vida que tampoco pudieron ser paralizadas porque no consiguieron la mayoría necesaria para declararlas inconstitucionales.
Sólo han prosperado en este tribunal amparos de mujeres condenadas hasta a 30 años de cárcel por abortar, pero como formalmente sus delitos se habían recalificado como homicidios en grado de parentesco, las sentencias no sentaron precedente en cuanto al delito de aborto.
El fervor pro-vida, además, pasa a veces por encima de las propias leyes mexicanas, que contemplan excepciones para permitir la interrupción del embarazo.
En 1999, Paulina Ramírez, una pequeña de 13 años violada en Baja California, vio cómo se le impedía un aborto reconocido por ley y fue obligada a seguir con su embarazo. Su caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2002 y provocó una gran campaña para exigir responsabilidades al gobierno mexicano.
En esa ocasión México accedió a pagar 33.000 dólares a la víctima en concepto de reparación, pero eso no evitó la repetición de este tipo de embarazos forzados. Este año en Sonora un juez negó el derecho de abortar a otra niña de 13 años porque el delito se había calificado de estupro.
La despenalización del aborto es un debate abierto en toda América Latina. Sólo es legal en Uruguay y Cuba. En países como Chile, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Nicaragua ni siquiera se permite ante el riesgo de muerte de la madre.
Pese a la dureza de estas legislaciones, no se tiene constancia de que otro país de la región contemple la reeducación como castigo a las mujeres. En El Salvador, donde según Angulo hay una de las legislaciones «más brutales», se pueden aplicar medidas educativas, pero no como sanción penal sino una política pública, una medida menos grave a nivel jurídico.
