Mauricio Zapata.-
El Congreso local de Tamaulipas expidió la nueva Ley Estatal de los derechos de las Personas con Discapacidad, la cual tiene el objetivo de normar las medidas y acciones, bajo el modelo social.
Con lo anterior, se pretender contribuir a lograr la igualdad de oportunidades para la plena integración al desarrollo para el sector en un plano de igualdad al resto de los habitantes del estado.
Entre las normativas que aprobó por unanimidad la Diputación Permanente está la de obligar el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual; libertad de tomar sus propias decisiones; la no discriminación; la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; la igualdad de oportunidades y la accesibilidad, entre otros puntos.
A partir de ahora, la denegación injustificada por parte de las autoridades, de realizar los ajustes razonables que en el ámbito de sus competencias le corresponda, se entenderá como discriminación.
La nueva Ley establece que todas las empresas, centros y locales comerciales, áreas culturales o recreativas, instalaciones médicas, instituciones educativas, y en general los lugares con acceso al público, deberán contar con las medidas adecuadas de seguridad, accesibilidad y libre desplazamiento para todas las personas con discapacidad.
La violación o incumplimiento del presente artículo, será sancionado desde la suspensión de la licencia de construcción, hasta la clausura de la obra. En el caso de obra terminada, no se permitirá su uso hasta en tanto no cumpla con las medidas mencionadas en el presente artículo. Los costos de estas obras serán premiados con estímulos fiscales.
Del mismo modo, la Ley plantea obligar al gobierno a que garantice que en cada ruta del transporte público exista por lo menos una unidad que cumpla con el equipamiento básico, a fin de que puedan garantizar la accesibilidad y desplazamiento de las personas con discapacidad, la que se identificará con un señalamiento especial.
En materia educativa la Ley señala que las instituciones garantizarán la integración de todos los estudiantes con discapacidad a la educación regular a través de la capacitación del personal docente y directivo, la adquisición de nuevas tecnologías, la implementación de acciones afirmativas y de estrategias conjuntas de colaboración entre maestros, padres de familia, sector público y privado.
Y en lo político los partidos con registro en el estado deberán garantizar la plena participación política de personas con discapacidad en sus órganos de dirección y promover la participación y afiliación a sus institutos políticos; igualmente, promoverán su participación en los cargos de elección popular.
