POZA RICA, Veracruz, septiembre 24 (AP)
En este poblado petrolero en el oriente de México, de por sí desconfiado por la creciente violencia y extorsión de grupos criminales, el secuestro y asesinato de dos sacerdotes esta semana hundió a los habitantes en una mayor desesperación.
Los asesinatos en Poza Rica, en el atribulado estado de Veracruz, el Golfo de México, también ocurren en un momento de fuertes tensiones entre la Iglesia Católica y el gobierno mexicano.
Los líderes eclesiásticos están cada vez más frustrados por la incapacidad de las autoridades para proteger a los sacerdotes durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Mientras, la Iglesia se opone abiertamente a la propuesta del mandatario de legalizar los matrimonios homosexuales y ha convocado a marchas de católicos en todo el país.
“Pienso que esto, en combinación con las recientes protestas contra matrimonios gay coordinadas por la Iglesia, es un nuevo punto bajo en la relación entre la Iglesia y el PRI”, dijo Andrew Chesnut, presidente de estudios católicos en la Universidad Commonwealth de Virginia, en referencia al Partido Revolucionario Institucional que gobierna en México. “Pienso que el panorama general es que la cacería de sacerdotes simplemente ha proliferado con la intensificación de la guerra contra las drogas”.
Cuando Alejo Nabor Jiménez y Alfredo Suárez de la Cruz fueron encontrados atados y muertos a tiros a las afueras de Poza Rica el lunes, esto elevó a 14 la cifra de curas asesinados en México desde que Peña Nieto asumió el cargo en 2012. Al menos 30 han sido asesinados desde 2006. Y el jueves las autoridades religiosas hicieron un llamado público para que entreguen con vida a otro cura, quien habría sido secuestrado de su casa parroquial en el estado occidental de Michoacán y desde entonces se desconoce su paradero.
Se desconoce qué sucedió exactamente con Nabor y Suárez, y por qué.
Los investigadores han entrevistado al chofer que fue raptado junto con ellos y escapó, pero no ha dado declaraciones públicas.
El fiscal del estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo, dijo que al parecer el móvil fue el robo y declaró que los sacerdotes estuvieron bebiendo con sus asesinos antes de ser secuestrados. Dicha aseveración enfureció a la Iglesia, que lo vio como un ejemplo más de cómo las autoridades del estado desprestigian a las víctimas durante las superficiales investigaciones, en el mejor de los casos.
Bravo desestimó las acusaciones de que un cártel de la droga pudiera estar involucrado, aunque los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación están peleando por el control de Veracruz, incluyendo Poza Rica.
Los habitantes se han ido acostumbrando a escuchar noticias de asesinatos macabros. La ciudad donde habitan 195 mil ha registrado 41 asesinatos en los primeros ocho meses del año, el triple que en todo el 2015.
Solo que esta vez no fueron extraños sin rostro sospechosos de trabajar para el crimen organizado; eran sacerdotes, líderes respetados de la comunidad.
“Salen en el periódico dos o tres muertos, diario”, dijo un comerciante que trabaja frente a la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima, donde vivían los prelados. “Por lo regular tú dices, ‘si los mataron fue por algo’”.
Al igual que muchas personas entrevistadas por The Associated Press en Poza Rica, esta persona no quiso dar su nombre por temor a ser blanco de violencia.
