Clemente Zapata M.-
A pesar de que las más de 350 solicitudes de juicio político presentadas ante el Congreso de la Unión solo tienen vigencia de un año posterior a la conclusión del cargo de los servidores públicos, la Comisión de Análisis Previos no ha sesionado y esperan que en esta semana que inicia puedan comenzar con labores.
Mercedes del Carmen Guillén Vicente, copresidenta de dicho órgano legislativo, reconoce que han pasado al menos cuatro legislaturas federales sin que se haya trabajado al respecto, por lo que es muy probable que la mayoría de las peticiones hayan prescrito.
No obstante que la semana que concluyó habían programado la primera reunión de la comisión con el objetivo de agilizar labores, no se concretó; sin embargo, confían que esta semana se puedan reactivar los trabajos y se atiendan dichas solicitudes.
“Hubo algún problema para el citatorio, pero estamos en posibilidades la semana que entra, todavía no acordamos en la junta de Coordinación Política que día va a transitar, pero sin duda alguna la semana que entra se dará a conocer y se votará el mecanismo por medio del cual se va revisar cada solicitud de juicio político, en el entendido que esta comisión tiene diez años de no formarse”, explicó.
La legisladora federal priistas informó que paulatinamente serán atendidas las 352 solicitudes correspondientes a cuatro legislaturas, cada quien agarra su boleto, de cómo fueron presentándose, apenas nos vamos a dar cuenta, la Oficialía Mayor apenas nos acaba de entregar ese paquete”, indicó.
Guillén Vicente explicó que un juicio político no tiene que ver con el fuero, tiene que ver con lo que pudiera pasar en el caso que procediera separarse del cargo o la inhabilitación, “en todo caso el procedimiento penal lo que tiene que ver con PGR, si piden en el transcurso de que este un funcionario público en funciones pide el desafuero entrará la comisión instructora”.
Los trabajos que habrán de realizar, de acuerdo a lo señalado por la diputada federal por Tampico, es que habrá de revisarse exhaustivamente cada petición y en el caso procedente actuar en consecuencia.
En especifico en el caso Javier Duarte, gobernador de Veracruz; señaló, “que tiene solicitud de juicio político y por el otro lado, alguna de sus conductas puede estar encuadradas en la comisión de un delito, pero lo que hace referencia el gobernador electo de Veracruz es a lo que tiene que ver con la investigación que en la PGR se encuentra”.
Agregó, “nosotros ya nos declaramos listos para un posible desafuero de él o cualquier otro gobernador en funciones; Padrés (ex gobernador de Sonora) está por cumplir el año de haberse separado de su cargo, ya no tendría que ver en juicio político, pero sí en lo que tiene que ver con lo penal”.
Finalmente, indicó que el trabajo de la comisión que corepresenta será agilizar el análisis a fin de que no por falta de tiempo prescriban las peticiones y eso impidan las investigaciones de las autoridades competentes.