CARACAS, Venezuela, octubre 21 (AP)
La alianza opositora acusó este viernes al gobierno del presidente Nicolás Maduro de poner en ejecución procedimientos dictatoriales para truncar la posibilidad de convocar un referendo revocatorio de su mandato.
Jesús Torrealba, secretario general ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, que agrupa a una treintena de partidos y organizaciones de oposición, afirmó en una rueda de prensa que el oficialismo no quiere medirse electoralmente porque “no tiene los votos para ganar ni el referendo ni las elecciones de gobernadores”.
Adujo que si un régimen actúa fuera de la normativa constitucional y desconoce los resultados del sufragio universal no es un régimen democrático, sino uno “que actúa a partir de los principios y procedimientos de una dictadura”, aunque no se trate de una dictadura formal, acotó el dirigente opositor.
Las principales encuestas en el país indican que Maduro y sus aliados habría perdido esas consultas por un amplio margen.
El Presidente, sin mencionar la suspensión mencionar de la recolecta, pidió a los venezolanos acatar las leyes y evitar escenarios de confrontación. “Quiero aprovechar para hacer un llamado a la tranquilidad, al diálogo, a la paz, al respeto a la justicia, al respeto y acatamiento de las leyes; a que nadie se vuelva loco”.
La declaración se difundió desde Azerbaiyán, donde realizó la primera escala de una gira por varios países productores de petróleo para promover un consenso a favor de la estabilización del mercado y la recuperación de los precios. “Que la derecha (la oposición) no vuelva a los tiempos de locura”, agregó.
Los comentarios que realizó su opositor este viernes se produjeron un día después que el Consejo Nacional Electoral (CNE), que es controlado por el oficialismo, informó que suspendía la recolección de las firmas necesarias para activar el referendo, bajo el argumento de que acataba órdenes de tribunales penales que detectaron un fraude en una colecta previa.
La recolección de firmas había sido aprobada por el mismo organismo el 26, 27 y 28 de octubre. Sin embargo, el proceso se suspendió, lo que desató el enojo de la oposición y avivó los temores sobre un posible escalamiento de la crisis política y social que vive Venezuela, un país que también enfrenta dificultades económicas como escasez de alimentos y una creciente inflación.
La oposición asumió en enero el control del Congreso que por 17 años fue manejado por el oficialismo, pero desde entonces su capacidad de maniobra ha sido bloqueada por el poder judicial.
Muchos venezolanos se preparaban para acudir a firmar la próxima semana con la esperanza de revocar al mandatario socialista, cuya impopularidad va en aumento. Para activar el referendo, los adversarios necesitaban recolectar y validar cerca de cuatro millones de firmas, el equivalente del 20 por ciento del padrón electoral.
La convocatoria de la consulta ya era una carrera contrarreloj que no admitía más retrasos. El diez de enero de 2017 se cumple más de la mitad del periodo presidencial de seis años de Maduro y la constitución establece que en caso de que se logre apartarlo del cargo pasada esa fecha, el vicepresidente se haría cargo del Gobierno en lugar de celebrarse elecciones anticipadas.
