Rogelio Rodríguez Mendoza.-
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Carlos García González, justificó los retenes realizados por las Bases de Operación Mixta (BOM), aun y cuando en ellos se puedan cometer abusos.
“Es un tema que más demandó la ciudadanía, de la instalación de retenes en todos los puntos cardinales, para tratar de bajar los índices de violencia. Es cierto que puede haber abusos pero los operativos son para garantizar poco a poco el estado de derecho que demandan los tamaulipecos”, mencionó.
Dijo que el principal objetivo de los retenes es combatir la inseguridad pública, y como parte de ello se busca establecer quiénes son los propietarios de los vehículos que circulan en la Ciudad.
Admitió que muchas ocasiones es costoso para un automovilista ser multado por no portar placas, “pero al final hay que cumplir con la ley”.
Por otra parte, informó que en breve serán aprobadas las tablas catastrales para el ejercicio 2017, y el distintivo común es que ningún municipio propuso incrementos de impuestos.
En el caso de Reynosa y Matamoros solamente propusieron modificaciones para incorporar nuevos fraccionamientos.
Aprobar las tablas de valores catastrales es prioritario porque los municipios requerirán de ellas para diseñar sus iniciativas de Leyes de Ingresos que deberán enviar al Congreso del Estado antes del diez de noviembre.
Dijo que también son urgentes la ley orgánica de la Consejería Jurídica y modificaciones a diversas leyes, entre ellas la de Responsabilidades de Servidores Públicos.
“Vamos a cumplir en tiempo y forma con la aprobación de las iniciativas. Ya se acabaron los tiempos en que se dejaban que los plazos se vencieran”, destacó.
En otro contexto, confirmó que una delegación de diputados locales asistirá a la asamblea de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, (Copecol), a realizarse en Morelia, Michoacán.
Dijo que a los legisladores de Tamaulipas le interesan diversos temas, entre ellos los relacionados con la homologación de las leyes estatales en el combate a la corrupción.
