CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (Notimex)
El pleno del Senado de la República aprobó la Ley Federal de Derechos 2017, que incluye diversas adecuaciones a los cobros por la prestación de los servicios que proporcionan las distintas dependencias en materia migratoria; de radio, televisión y cinematografía; consular; financiera; agropecuaria, telecomunicaciones, de educación y salud.
Durante la sesión ordinaria de este miércoles se aprobó en lo general por 85 votos a favor y siete en contra el dictamen la Ley Federal de Derechos que fue turnada al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Destaca en el dictamen en materia migratoria un ajuste a la cuota del derecho por la obtención de la condición de estancia de “visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas”, para que pase de 415 a 500 pesos.
Lo anterior, a fin de que esta cuota del también conocido como derecho de no inmigrante (DNI) guarde congruencia con el costo real que representa a la autoridad la prestación de los servicios migratorios.
Asimismo, se conceden determinados beneficios a sectores vulnerables y brindar apoyo a los connacionales que se encuentren en el extranjero, al pretender otorgar exenciones relacionadas con el pago de derechos por la autorización para el acceso a la multiprogramación cuando se vincule a concesiones para uso social comunitario o indígena.
Además, en el pago de derechos por la compulsa de documentos para la tramitación de credenciales para votar en el extranjero, y por otra parte otorgar una reducción de derechos de 50 por ciento a aquellos mexicanos que deseen otorgar testamento público abierto en una oficina consular.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Francisco Yunes Zorrilla, refirió que la Ley Federal de Derechos y en general toda la Miscelánea Fiscal y la Ley de Ingresos plantean montos que sustentan la inversión en infraestructura y el gasto en programas sociales para el buen desempeño de las entidades federativas.
Expuso que aprobar ese paquete económico en el Senado permitirá al Gobierno federal estar en posibilidades de tener finanzas públicas claras, activas y con buen desempeño.
