Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Al menos cien trabajadores municipales, en su mayoría de Reynosa y Altamira, han iniciado demandas por presuntos despidos injustificados contra las nuevas administraciones, pero todavía no existen acciones legales por ese mismo motivo en contra del Gobierno del Estado.
Funcionarios del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, confirmaron cerca de 40 trabajadores del municipio de Reynosa; otra cifra similar de Altamira, y 20 de otros municipios, decidieron combatir en las instancias de justicia la resolución de despido en su perjuicio.
Se prevé, sin embargo, que conforme avancen los días acudan más trabajadores a presentar demandas por despido injustificado.
“Es una situación hasta cierto punto normal en cada transición de Gobierno. La ley otorga dos meses a los trabajadores para que ejerzan ese derecho, por lo que seguramente estaremos viendo más casos en los siguientes días o semanas”, explicó un funcionario.
Sin embargo, por lo que respecta al Gobierno del Estado, el Tribunal no ha recibido todavía una sola demanda.
“Hasta el momento no tenemos una sola acción legal, pero es muy probable que en los siguientes días eso ocurra porque hemos visto en los medios de comunicación que hay muchos trabajadores que están siendo despedidos”, refirió la fuente.
Por su parte, un funcionario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje pidió de plazo hasta la próxima semana para determinar la existencia o no de demandas por despido injustificado por parte de trabajadores de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD).
La ley señala que para los trabajadores de los OPD, la instancia competente para conocer de presuntas violaciones a sus derechos laborales son las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, en tanto que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios lo será para el resto de los burócratas.
Algunos OPD son los sistemas DIF, el Conalep, el Cobat, las Universidades Tecnológicas, entre otros.
“Estamos solicitando un informe detallado a cada Junta Especial de Conciliación y Arbitraje acerca de demandas de despido injustificado que hayan sido presentadas durante el mes de octubre. Ahí nos daremos cuenta cuántas se han presentado, dónde y contra cuáles OPD”, detalló la fuente.
Debido al cambio de administración estatal, en la mayor parte de las dependencias públicas se han estado realizando despidos de personal de confianza, a quienes incluso se les pidió firmar una renuncia ya redactada.
Se prevé que por esa razón, el Gobierno del Estado y aquellos municipios que realizan la misma práctica, enfrenten en breve una “lluvia” de demandas laborales.
