CIUDAD DE MÉXICO, octubre 30 (Notimex)
La progresividad de los derechos políticos sólo se hará efectiva si los jueces actúan con la imparcialidad debida, siempre a favor de la persona, afirmó el magistrado de la Sala Superior del Tepjf, Manuel González Oropeza.
Señaló que la progresividad establecida en la reforma constitucional le dio al Poder Judicial y a los tribunales electorales un instrumento y fundamento constitucional insuperables en la interpretación de lo que debe ser el derecho político de votar, ser votado, asociarse y afiliarse.
De tal suerte que a partir de ese momento hubo una gran transformación en el sistema jurídico mexicano, porque por fin los jueces tienen la palabra, añadió el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf).
En un comunicado, refirió que por eso los juzgadores deben desempeñar su cargo con imparcialidad, “no se trata de que los jueces tengamos la simpatía de algunos partidos, de alguna ideología; de lo que se trata es que no tengamos antipatías y que nos cerremos a los argumentos”.
La progresividad “de nuestros derechos sólo se hará efectiva en los juicios de protección de derechos, si los jueces actuamos con la imparcialidad debida, interpretando progresivamente el derecho, siempre a favor del ciudadano”, remarcó.
Al participar en la presentación de la revista “Justicia y Sufragio”, editada por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, González Oropeza opinó que no es fácil la labor jurisdiccional en materia electoral y se necesita a nivel estatal y federal hacer efectiva la garantía de la justicia pronta y expedita.
Esto “no es un término retórico, porque los plazos y las tomas de protesta se vienen encima y, por supuesto, muchas veces los litigantes saben eso, así que retrasan y alargan innecesariamente los juicios”.
En este sentido, destacó la importancia de la jurisprudencia, porque esta figura se hizo y se diseñó no sólo para obligar a las autoridades distintas del Poder Judicial, sino para que los jueces apliquen los precedentes y las tesis que han tomado en los tribunales de alzada.
La jurisprudencia, indicó, tiene como objetivo principal el vincular a los jueces, y como objetivo secundario vincular a las demás autoridades “y evidentemente nuestras jurisprudencias están ahí para ello”.
El magistrado de la Sala Superior señaló que los problemas electorales muchas veces no se pueden resolver con la frialdad del expediente ni con la del texto legal, porque esos conflictos pueden ser problemas sociales del más alto nivel que le importan a la comunidad.
Se refirió a lo sucedido en el municipio de Oxchuc, Chiapas, en donde la presidenta municipal vivió una situación de violencia que la obligó a renunciar al cargo, pero por sentencia del Tepjf se ordenó su restitución.